La de este domingo tendrá que ser una competencia electoral equitativa, para lo cual es indispensable que partidos, actores políticos y ciudadanos respeten las instituciones y cumplan las leyes.
La equidad tendrá que ser algo más que atender lo que establece la legislación, pues un partido o candidato pueden cumplir a pie juntillas lo que diga la ley electoral, pero si en el fondo aprovecha las lagunas que haya, moralmente va a competir en condiciones ventajosas respecto a los demás contendientes.
Por si hay quien no lo recuerda o quiere olvidarlo a propósito, hay que que decir que durante las décadas que el PRI fue un partido hegemónico gracias al poder del gobierno, utilizó todo tipo de recovecos en la ley para sacar provecho en beneficio de sus candidatos y candidatas.
Claro, entonces y hasta la década de los años noventa, el gobierno priísta organizaba las elecciones y abusaba impunemente de esa ventaja, hasta que la sociedad civil irrumpió y forzó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), el primer órgano de origen ciudadano que se encargó de planear, organizar y validar las elecciones en el país.
La alternancia partidista en el año 2000 y el perfeccionamiento del modelo de operación del IFE fue avanzando gradualmente, hasta que bajo la nueva figura del Instituto Nacional Electoral (INE) y con más atribuciones como árbitro, la sociedad civil tomó el control de los procesos electorales y se establecieron protocolos para garantizar la competencia equitativa.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial y diversas comisiones internas que se encargan de conocer y dar seguimiento a los asuntos relacionados con la violación de las leyes y de acciones que representan una competencia desigual, le dieron forma al modelo democrático de la vida en México, que es reconocido internacionalmente.
Las decisiones que ha tomado el INE desde su creación por supuesto que no han dejado satisfechos a muchos, especialmente a quienes el Instituto comprobó que incurrieron en irregularidades.
Entre esos actores políticos a los que el INE ha puesto freno y sancionado están el Presidente López Obrador y Morena, su movimiento que no ha transitado hacia la institucionalización como partido pero que aglutina a una numerosa cantidad de tribus, unas más radicales que otras, así como sucedía en el PRD, su antecedente directo.
Las campañas que a partir del primer minuto de este domingo van a iniciar de manera formal muchos candidatos y candidatas a las diputaciones federales en Tamaulipas, podrán estar dentro del marco legal pero moralmente pueden ser cuestionadas, sobre todo si pretenden aprovechar las acciones de gobierno realizadas con recursos públicos aportados por todos los ciudadanos.
Que los candidatos de Morena quieran adjudicarse como logros exclusivos el hecho de que haya programas asistenciales con enfoque paternalista financiados con recursos públicos, es moralmente detestable, políticamente ruin y jurídicamente cuestionable.
No tengo la certeza de que lo vayan a hacer, pero conociendo la trayectoria de muchos de los que hoy van a buscar las diputaciones federales en cualquiera de los siete partidos afines a la autollamada 4T, no dudo que puedan apoyarse en esa estrategia, reforzándola con una narrativa que critique todo lo negativo del pasado, aunque gran cantidad de ellos provenga directamente del lado más oscuro de esa etapa que hoy quieren negar.
Para cuando usted lea esta columna, muchos de los candidatos y candidatas habrán iniciado oficialmente las acciones de sus campañas desde el primer minuto, pero otros, más conscientes de la importancia que tiene el tiempo de los ciudadanos y respetuosos de las tradiciones religiosas de la mayor parte de ellos, decidieron esperar hasta las primeras horas de la mañana para comenzar su trabajo de proselitismo.
El INE tendrá mucho trabajo con todos ellos, buscando evitar que quieran aprovechar las lagunas legales o recurriendo a la infodemia, esa práctica de difundir información falsa de manera masiva a través de redes sociales o de otros medios, para afectar a los adversarios.
También tendrá que verificar que las y los aspirantes cumplan con lo que establece el Instituto en materia de transparencia, tanto en el manejo de los recursos públicos a través del financiamiento que reciben, como del reporte regular de los gastos que realicen, para identificar la posible intromisión de intereses privados en las campañas.
Por el bien de la democracia, esperemos que los candidatos y los partidos tomen con responsabilidad su tarea, que cumplan la ley y que, independientemente ello, moralmente también jueguen limpio. Veremos.
