Ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se pronunció acertadamente sobre un tema que tiene que ser fundamental en el actual proceso electoral.
Se trata de que, de manera voluntaria, las y los candidatos a puestos de elección popular que participaron en los comicios concurrentes de junio, brinden a los ciudadanos información amplia, suficiente, certera y oportuna sobre ellos, sus trayectorias, intereses y propuestas.
De esta manera, las personas a las que lleguen con sus mensajes, en los recorridos o en cualquier plataforma o foro en donde los vean y escuchen podrán conocer más de ellos.
Esto va a ayudar a que los ciudadanos conozcan y decidan con un criterio basado en lo que los aspirantes muestren.
En este asunto hay coincidencias de actores sociales, políticos y económicos que han pugnando en México por alcanzar mejores condiciones en la vida democrática.
Es determinante que así, los y las candidatos a diputados federales, locales y Presidentes Municipales estén bajo un escrutinio permanente de la sociedad civil.
De entre quienes ya empezaron sus campañas a las diputaciones federales, es preciso que la gente sepa quiénes son, de dónde vienen (política y económicamente), cuáles son los intereses que tienen con determinado sector social o económico, qué trayectoria ha tenido, en qué partidos ha militado, qué reformas o iniciativas han impulsado y así.
En México abundan los casos de quienes hoy son postulados por un partido y reniegan del pasado, aunque ellos (y ellas) mismos provengan de ahí.
Con fórmulas basadas en una estrategia política de marketing que privilegia lo superficial, lo vendible, lo viral, hay y habrá candidatos y candidatas a diputados federales o locales y a Presidencias Municipales que van a querer apostarle a la desmemoria de la gente.
Le van a apostar a la falta de interés por escudriñar en su pasado político, en sus vínculos, en su propia amnesia selectiva.
La transparencia de las y los candidatos debe ser total, hasta donde el espacio personal lo permita. Aunque la autoridad electoral no lo contemple como algo obligatorio en este proceso, será un acto de buena voluntad, de disposición para ser abiertos, claros, honestos en su amplio concepto.
Preguntarse los ciudadanos y cuestionar a las y los candidatos y candidatas si ahora critican el pasado del que vienen, ¿por qué repetir prácticas políticas similares?
Si creen que todo está bien y hay que seguir por esa senda, ¿por qué no ser transparentes? Y así, todo tipo de dudas deben aclararse.
La transparencia que muestren todos los aspirantes, indistintamente de su género u origen partidista, es básica, indispensable, ineludible.
Para fortalecer la democracia, hay que alentar la discusión respetuosa y tolerante de las diferentes opciones. Pero para que eso sea posible, la gente debe tener información suficiente y certera.
Si los aspirantes no la brindan de manera voluntaria, la misma sociedad civil debe buscar hasta encontrarla.
Conocer el pasado, el presente, sus ideas y hasta sus yerros, ayuda a tener una mejor idea de quiénes son, para tomar la decisión que se crea correcta.
Porque si no se hace esto, después la misma gente se va a lamentar de haber votado movida por alguna campaña emotiva, pero hueca. De haber comprado una propuesta política sin conocer a los/las candidatos/as. De haberse equivocado simple y llanamente.
Y, sí, efectivamente, después viene el arrepentimiento y la culpa social cuando se percatan de que quienes llegaron al poder (como antes, como ahora, como siempre), no son lo que pensaban.
Pero para entonces ya puede ser tarde y no habrá muchas oportunidades de corregir las cosas. Por eso hay que actuar antes.
