Atendiendo quejas presentadas por algunos partidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) anunció sanciones impuestas previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Presidente López Obrador, Morena y una asociación civil, por violar la Constitución y la ley de la Consulta de Revocación de Mandato.
Con esto, tanto el titular del Ejecutivo como su partido y la agrupación identificada como afín a esa corriente, deberán retirar anuncios espectaculares, mensajes en redes sociales y diversos espacios utilizados para promocionar ese ejercicio ciudadano con un enfoque diferente al que establece la ley y además, contraviniendo lo dispuesto al invadir atribuciones del INE.
Los Magistrados del Tribunal Electoral establecieron que los 18 gobernadores de Morena y sus partidos aliados PES y Verde, deben retirar de todos los medios y plataformas en las que difundieron, un desplegado de apoyo al Presidente.
En cuanto a la asociación civil “Que Siga la Democracia”, los magistrados consideraron que la agrupación incumple con lo establecido por la ley, pues solamente el Instituto tiene la facultad para promover por distintos medios la referida consulta, así como invitar a la participación de la gente. Nadie más tiene la facultad legal y quien lo haga, así sea de manera indirecta como la asociación civil, incurre en violaciones a esas disposiciones.
La medida tanto del Tribunal Electoral como del Instituto son oportunas y plausibles, pues deben poner orden a través de acciones de este tipo, que sancionen a quienes quieren evadir el cumplimiento de la ley, sea desde el poder, desde los partidos o desde organizaciones que aparentemente son de la sociedad civil pero que en realidad son apéndices de alguno de los interesados en la consulta.
Desde hace días se ha observado en distintos puntos del país anuncios espectaculares con mensajes alusivos a la permanencia del Presidente López Obrador, objetivo ulterior de quienes promocionan la consulta con un enfoque de ratificación de su mandato, cuando lo que la ley establece es que se trata de un ejercicio popular para que los ciudadanos expresen su deseo de que el titular del Ejecutivo renuncie por la pérdida de confianza -si es que hay lugar para ello- o bien, que continúe hasta el final del período para el cual fue electo hace 3 años. Es para plantear la revocación, no la ratificación.
Aunque alguien no sepa de leyes, el sentido común se impone y por ello hay que celebrar que el INE haya impuesto las sanciones y obligue al retiro de la propaganda mencionada. Si se trata de estar todos dentro del marco del Estado de Derecho, entonces autoridades, sociedad civil y partidos deben acatar lo acordado. No hay vuelta de hoja ni margen para negociar lo que debe ser.
No es la primera vez y ojalá que no sea la última, en la que el TEPJ y el INE hacen valer su autoridad y reafirman su compromiso como instituciones que son pilar de la democracia mexicana. Cualquier intento de pasar por encima de la ley debe ser evitado, sea de quien sea.
OTRA VEZ EL AGUA
De nueva cuenta, Nuevo León y su necesidad de garantizar el abasto de agua para su industria y población, han puesto el tema de este recurso en la mesa de la discusión pública.
El gobernador del vecino estado, Samuel García ha insistido en que buscarán concretar el proyecto del acueducto “Monterrey VI”, que plantea extraer agua del río Pánuco y transportarla hasta Nuevo León para evitar el desabasto en el mediano y largo plazo. El asunto ya forma parte de la conversación pública y distintos personajes políticos están fijando sus posturas.
Por un lado, el gobernador Francisco García dijo que hay que analizar alternativas antes de tomar una decisión, aunque evitó pronunciarse de manera definitiva. En contraparte, su homólogo potosino Ricardo Gallardo ya anticipó que no permitirá que Nuevo León lleve agua de su estado al norte.
El punto de divergencia es el impacto ambiental, en las actividades agropecuarias y por supuesto, de abasto a la población que habita en comunidades rurales y urbanas cercanas a los sitios de extracción de agua. Como decía Cabeza de Vaca, es un asunto técnico que hay que revisar, pero sobre todo, se debe privilegiar el sentido común para anticiparse a la problemática de desabasto que amenaza al norte del país.
También el senador con licencia Américo Villarreal Anaya se pronunció en contra de la propuesta de Nuevo León, pues aseguro que técnicamente no es factible, además de que Tamaulipas tiene sus propias necesidades en materia de agua.
Algo que acertadamente ha expresado el también precandidato de Morena a la gubernatura estatal, es que no se puede tomar la decisión porque el proyecto original fue concebido con base en estudios de disponibilidad del recurso hídrico elaborados hace más de 22 años, lo cual lo hace inviable porque evidentemente con el paso del tiempo y el impacto provocado por el cambio climático, hay una variación notable en los argumentos que dan sustento al plan.
El tema seguramente va a ir escalando en la discusión pública y será de análisis obligado en las campañas electorales que iniciarán en abril, para renovar la gubernatura de Tamaulipas.
MAKI, SIEMPRE NO
A propósito de lo que sucede en Morena, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) desechó la impugnación presentada por la ex alcaldesa panista de Reynosa Maki Ortiz, en torno a la decisión del Consejo Nacional del partido para seleccionar a su candidato a la gubernatura de Tamaulipas.
Con esto se descarta cualquier posibilidad de anular o reponer el procedimiento interno y por consiguiente, se ratifica que el senador con licencia Américo Villarreal es el único precandidato de Morena en la entidad. Las cosas se le van acomodando, pero en el equipo de enfrente las cosas también marchan bien, aunque de eso les platico mañana.
