En las previsiones que tienen los equipos de los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, ocupa un lugar de suma importancia la lista de los operadores políticos el 5 de junio, pero hay algo que también les preocupa.
El día de la elección es crucial en la definición del destino del estado, porque se va a confirmar cuál de las dos coaliciones tripartidistas obtendrá el triunfo y por ende, la gubernatura.
Aunque el trabajo que se desarrolle desde el fin de la campaña, durante la veda y la víspera de la jornada electoral es muy importante, lo que se haga el día decisivo va a inclinar la balanza en favor de uno de los dos principales candidatos.
Aquí es en donde tanto los equipos de César “Truko” Verástegui como de Américo Villarreal Anaya han estado revisando cuidadosamente la lista de sus operadores políticos, así como de quienes conocen el territorio y mantienen vínculos con los liderazgos seccionales, de colonias y de sectores sociales que influyen en la decisión de los ciudadanos.
Por la coalición PAN-PRI-PRD existe una larga lista de personajes que se han sumado al proyecto de “Truko” y que busca darle continuidad a la política de seguridad y recuperación de la paz social que se ha logrado en los últimos 5 años, mientras que por el lado de la alianza Morena-Verde-PT que representa Villarreal Anaya también tienen un amplio grupo de operadores que se ha comprometido a trabajar para sacar adelante el proyecto de la Cuatroté.
¿Quién va a operar el día 5? Bueno, además de los políticos y actores que se adhirieron a “Truko” y a Américo lo van a hacer de manera indirecta los Alcaldes, diputados y todo aquel que tenga ascendencia sobre determinados grupos sociales, quienes cuenten con estructuras territoriales y con liderazgo.
De hecho ya lo están haciendo en cada colonia y sector, en organismos privados y agrupaciones sociales en los que se están moviendo.
En el caso de los Alcaldes y diputados locales o federales, se da por hecho que teniendo de su lado el capital político logrado en las pasadas elecciones, van a jugar de alguna forma en favor de los candidatos de los partidos que los llevaron al poder.
Sin embargo, la preocupación viene porque no descartan que haya otros factores que pueden influir en el rumbo que tome la elección, que no son liderazgos sociales o políticos, que no son funcionarios ni colaboradores cercanos a los candidatos, pero que pueden ser determinantes.
No sería extraño que otros actores -que operan fuera de la ley-, estuvieran tentados a intervenir como sucedió en las elecciones del año pasado en Sinaloa y Nayarit, por mencionar solo dos casos.
Sería terrible, sí, pero existe esa posibilidad como se supo en 2021, cuando en Sinaloa los delincuentes retuvieron desde días antes de los comicios a operadores y líderes priístas y panistas para que no pudieran movilizar sus estructuras de votantes. Como en política no hay casualidades, hoy el gobernador priísta que entregó el poder y el estado en Sinaloa es embajador en España, designado por el Presidente López Obrador.
Por supuesto, una operación de ese tipo no sería ignorada por los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, que en teoría tienen un seguimiento puntual de las actividades de grupos al margen de la ley y de su innegable interés en ejercer algún tipo de influencia y control sobre los procesos electorales, como se confirmó en Sinaloa el año pasado.
Por eso, como esas acciones no se llevan a cabo propiamente el día de la elección sino desde los previos a la jornada electoral, cabría esperar que por parte del Gobierno Federal hubiera una operación y movilización de fuerzas federales orientada inhibir la posible participación de criminales en los comicios. Algunos le llaman brindar la elección ante factores de poder que operan fuera de la ley.
Es una responsabilidad de la Federación garantizar que exista un clima de tranquilidad, certeza y seguridad para todos los ciudadanos, los candidatos, sus colaboradores y operadores políticos desde antes de la elección para que salgan a votar libremente.
Las autoridades mexicanas deben evitar que lo sucedido en Sinaloa, Nayarit y otros estados en 2021 se convierta en una realidad en Tamaulipas y con ello, en una sospecha de que a pesar de saber que algo así podría suceder, no se hizo algo al respecto para evitarlo.
La gran duda es si aún sabiendo que existe ese riesgo, se decide exponer la legitimidad de la elección y la tranquilidad de los tamaulipecos que tengan intenciones de salir a votar. Ojalá que eso no suceda.
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