Llevamos meses leyendo, escuchando y viendo en diversos medios y plataformas digitales a las oposiciones en México denunciando que en el ámbito federal tenemos un régimen que se caracteriza por los excesos, el cinismo, la poca importancia al sentir de amplias capas de la población y principalmente, movido por un interés particular, muy personalista de entender el uso del poder como algo patrimonial.
Tenemos casi cuatro años viendo, leyendo, escuchando y hablando de cómo la Cuatroté ha venido a sacudir estructuras, modelos de gobierno, formas de entender la política y estilos de vida para quienes han dependido del servicio público, del contratismo, del amiguismo, para hacer grandes negocios.
Hemos sido testigos de que por diversos medios, a través de canales de divulgación, de variados escaparates de presencia pública, grupos sociales, académicos, organizaciones políticas y personajes que no coinciden con el Presidente López Obrador, han manifestado su inconformidad, han realizado protestas, han hecho críticas severas y han mostrado dureza en su trato.
¿Y qué ha pasado? En términos generales, poca cosa: No hay un replanteamiento de la política de seguridad, no hay una consideración sobre la forma en que se atiende el problema de la migración a Estados Unidos ni en la manera en que se actúa como muro de contención al sur del país; tampoco hay un cambio en el estilo de conducirse en el trato con la oposición y hasta se insiste en mantener la línea de querer desaparecer -transformar, se ha dicho-, algunos órganos e instituciones que son parte del Estado mexicano, que garantizan cierta independencia y equilibrio en la relación con el poder.
El hecho de que se ignoren las críticas y la postura cada vez más dura de los opositores no significa que el régimen haya decidido suspender su marcha hacia sus objetivos particulares. Antes bien, lo hace con más determinación, entendiendo que se hace lo correcto. Esa decisión de no variar convierte a la Cuatroté en un ente que por sí mismo resulta peligroso por cuanto no tiene un necesario equilibrio en el uso y hasta abuso del poder con pocos límites hasta ahora.
Eso que a quienes vivimos en cualquier estado del país podría parecernos escandaloso, insostenible, inaceptable, parece también nublarnos la vista e impedirnos ver que en la mayoría de las entidades se viven situaciones muy parecidas, pero debido a que suceden en un entorno más cercano, con menos impacto en la vida nacional, a veces pasamos por alto.
Si no, dígame usted si la modificación de una ley en Veracruz, en donde gobierna Morena, no es un escándalo porque propone castigar con cárcel el delito de ultrajes a la autoridad, que en los hechos nos remitía a prácticas del siglo pasado y abría un debate sobre lo arbitrario del mismo y lo ambigua que era su interpretación.
O también en Guanajuato, en donde a pesar de que los delitos de alto impacto son del orden federal, en lo local el gobierno panista no ha podido frenar la ola de violencia y otros ilícitos, patrimoniales principalmente, lo que denota una incapacidad clarísima para mantener el orden.
Y así podemos irnos, como en Nuevo León, en donde el gobernador de Movimiento Ciudadano no ha mostrado capacidad para resolver coordinadamente con la Federación el problema de la falta de agua, los feminicidios o el caos en la movilidad urbana pero distrae la atención con la aprehensión del ex gobernador que le antecedió.
También, por ejemplo en Tamaulipas, en donde la mayoría panista en el Congreso hizo modificaciones al vapor y con un sentido estrictamente de interés partidista, para entregar el manejo de instituciones de investigación financiera, de análisis de información sensible y de un cuerpo de seguridad de élite a la Fiscalía General del Estado, constituyendo así el surgimiento de un poder de facto ante la próxima llegada de un nuevo gobierno, de filiación distinta a la actual.
En fin que, como le decía, por donde se vea encontraremos motivos para creer que como es aquí, es allá. Como es en el país, es en Tamaulipas, en Guanajuato, en Durango, Sonora, Sinaloa, Nuevo León o Chiapas. En todos los estados hay motivo para que los ciudadanos se sientan desprotegidos ante el poder de la autoridad y de los criminales, a veces actuando ambos en complicidad.
En la mayoría de las entidades hay voces discordantes, grupos que denuncian abusos de poder, que critican el manejo irresponsable y el sesgo partidista, personalista en el ejercicio de gobierno, en la actuación de los Congresos.
Y como se ha criticado a la Cuatroté por lo que considera correcto a pesar de las quejas de cada vez más amplios grupos sociales, académicos y económicos, así en Tamaulipas y los demás estados vemos similitudes en la actuación de los gobernantes, de los legisladores. Y sí, como decía, como es aquí, es allá. Lamentable, ¿verdad?
¿QUÉ PASARÁ CON CARLOS PEÑA?
Después de que el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas decidiera suspender los derechos políticos de Carlos Víctor Peña Ortiz, Alcalde de Reynosa, lo que sigue para el hijo de Maki Ortiz es un misterio.
Desde días antes de las elecciones del 5 de junio, Peña Ortiz solicitó licencia por tiempo indefinido, cuando trascendió que había una orden de aprehensión en su contra. Desde entonces, el expanista y ahora morenista no ha regresado a Reynosa y parece que ni al país, lo que lo colocó en condición de prófugo de la justicia tamaulipeca.
El Alcalde y su padre Carlos Luis Peña Garza son acusados por autoridades estatales por presuntamente haber cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para la Fiscalía estatal, ambos están prófugos.
La situación jurídica de Carlos Peña Ortiz parece complicada, porque no tiene derechos políticos y pesa en su contra la orden de aprehensión. Además, en Reynosa está como encargado el Alcalde suplente, quien es además el jefe de la policía local.
Sin embargo, ya pasó un mes y no hay indicios de que el hijo de Maki vaya a regresar en el corto plazo, lo que provoca incertidumbre y obviamente, desorden administrativo en el gobierno municipal. ¿Qué va a pasar con él? Seguramente va a mantenerse así, oculto, hasta que la próxima administración vea la manera de ayudarle a resolver el problema.
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