En numerosas ocasiones hemos escuchado y leído parte del discurso oficial que habla de Tamaulipas como el estado energético por excelencia de México, pero desde que se inició el gobierno de la Cuatroté, a la entidad no le ha ido del todo bien en este renglón.
Contar con yacimientos de petróleo y gas en la Cuenca de Burgos y en aguas ubicadas en el norte del Golfo de México, le da a Tamaulipas una enorme ventaja sobre el resto de las entidades del país.
Adicionalmente, el estado posee dos puertos de altura -Tampico y Altamira- y uno que aunque tiene años en proceso de desarrollo -Matamoros-, conceptualmente está pensado para ser punto de abastecimiento y operación de empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos en aguas profundas.
Pero la energía de Tamaulipas no radica solamente en sus yacimientos en tierra y en sus aguas, sino en una serie de factores que le agregan atractivo a la disponibilidad de los recursos naturales, como son la infraestructura, los servicios y los proveedores que facilitan las operaciones y constituyen un elemento importante en la atracción de inversiones en ese sector. No obstante, el panorama está todavía lejos de ser el que se esperaba.
Cuando se aprobó la reforma energética se habló de las grandes oportunidades de Tamaulipas en el mediano y largo plazo, como destino de multimillonarias inversiones nacionales y extranjeros para aprovechar las opciones para hacer negocios.
Entonces, allá por 2016 y 2017, cuando comenzaron a concretarse los primeros proyectos de parques eólicos se hacían cuentas alegres y se aseguraba que en la siguiente década, Tamaulipas recibiría al menos 30 mil millones de dólares en inversiones para aprovechar las ventajas de generar energías limpias, así como en las actividades de exploración y exploración de petróleo y gas, además en la construcción de plataformas marinas para Pemex y compañías privadas.
Inclusive, algunos de esos planes sí se pusieron en marcha, pero otros debieron quedar a medias o pospuestos de manera indefinida, cuando se dio el cambio de gobierno y el Presidente López Obrador decidió que la reforma energética no era algo que a su entendimiento beneficiara a los tamaulipecos y mexicanos en general.
Las modificaciones legales impulsadas por el Presidente a través de los diputados de Morena y sus aliados, constituyeron una contrarreforma que trastocó los planes de empresas nacionales y extranjeras, de autoridades estatales, de cientos de compañías medianas y de miles de trabajadores y profesionistas especializados del sector, que vieron truncadas las posibilidades de tener empleo, generar derrama económica e impulsar un mayor desarrollo económico y bienestar social en las entidades y localidades en donde se tienen yacimientos de hidrocarburos o el potencial para generar energía eólica.
Uno de esos casos es el de Tamaulipas, que a pesar de todo sigue siendo un estado atractivo especialmente por lo que ofrece en la zona sur, en donde el puerto de Altamira, su corredor petroquímico, la industria metalmecánica y la infraestructura para atender al sector energético le convierten en el polo de inversiones privadas más destacado a nivel nacional.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reveló que para el primer bimestre de este año, las inversiones destinadas al sector energético en el estado habían caído 87% en comparación con lo aplicado en el mismo período de 2021, lo cual nos da una idea del severo impacto negativo de la contrarreforma del Presidente López Obrador en las actividades privadas de este rubro.
Y por supuesto, también muestra con claridad que Tamaulipas es uno de los estados más afectados por esa decisión unipersonal concretada con el voto de los diputados afines al régimen.
Y aunque empresas como BHP Billiton, Shell y Sinopec tienen planes para explorar y explotar yacimientos en aguas profundas ubicadas en la zona del Golfo de México conocida como Cinturón Plegado, así como en la Cuenca de Burgos, las posibilidades de que sus beneficios sean mayores están limitadas por la ley y las nuevas disposiciones del gobierno federal.
Si embargo, no todas las noticias son malas: Justo por todo lo que tiene la zona sur, el puerto de Altamira fue seleccionado por la firma estadounidense New Fortress Energy que hizo un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para instalar y operar un centro flotante de recepción y procesamiento de gas natural licuado, para abastecer a clientes del sector industrial de cualquier parte del país, incluyendo a esa empresa pública.
Si bien esas instalaciones serán flotantes y estarán ubicadas frente a las costas de Altamira, no deja de ser un proyecto que al concretarse habla del potencial que sigue ofreciendo la región para este tipo de proyectos.
Y, sí, aunque no es lo ideal ni lo que se esperaba cuando se aprobó la reforma energética priísta y panista, al menos la contrarreforma de Morena ha dejado algo de espacio para el aprovechamiento de estas oportunidades en Tamaulipas. Peor sería haberlo perdido todo.
abarloventotam@gmail.com
