Desde hace unos meses, cuando ya se perfilaba como inminente la derrota de la coalición panista-priísta-perredista ante Morena, el PT y el Verde, en donde se toman las decisiones del poder en Tamaulipas se aceleró la ejecución de un plan diseñado como escenario “B” para enfrentar las cosas.
Entre lo que se planteó fue apostar primero por la judicialización de los comicios, dependiendo de la diferencia de votos entre los dos principales candidatos. Como fueron más de 80 mil los tamaulipecos que decidieron por una opción contraria a la continuidad, las cosas cambiaron de rumbo. No era por ahí, aunque el afán de llevar el asunto al terreno jurídico es parte del plan para volver ríspida lo que debería haber sido una transición tersa.
Luego, consideraron que para enfrentar el escenario lleno de catastróficas previsiones posibles, era necesario trabajar en la apropiación de espacios y posiciones políticas, institucionales y partidistas para defender lo que se ha considerado como de uso patrimonial durante el último lustro, a pesar de la enseñanza de que eso fue la causa de la debacle.
Por eso se realizaron las jugadas jurídicas que hicieron que el PAN recuperara la mayoría legislativa, se quedara con la Junta de Coordinación Política y se mantuviera en ese sitio firmemente, mediante modificaciones legales que hicieron emerger la figura de un ente fortalecido como contrapeso del Ejecutivo que entrará en funciones a partir de octubre.
Sin embargo, el proyecto no paró ahí: Casi al mismo tiempo se ha insistido en promover la figura de al menos 3 personas plenamente identificadas con la continuidad, de quienes se destacan hipotéticas virtudes para convertirse en el próximo dirigente estatal panista, que tenga el control nominal del partido y pueda decidir las candidaturas al Senado, Alcaldías, diputaciones federales y locales en 2024. No es un tema menor y es, precisamente, un asunto que de aquí a esas fechas puede asegurar cuando menos una trinchera de defensa institucional y política de los intereses de quienes ya se van.
La estrategia, aparentemente panista, no es propiamente del PAN. Es decir, no surgió del seno del partido, de su militancia y de los simpatizantes que durante estos años fueron desplazados, minimizados, ninguneados y utilizados para dar legitimidad a decisiones unipersonales. Es una iniciativa ajena al partido, pero ligada al poder.
La idea del plan tiene pies de barro y alma de carrizo, pero es vendida por los amanuenses del poder en turno como la solución al problema que se enfrentará el partido ante la nueva alternancia, por lo que se entiende que los verdaderos militantes panistas la vean con desconfianza.
Hay factores que generan dudas y malestar, porque se percibe que desde el poder se pretende prolongar el control sobre el partido, pensando solo en el beneficio personal de unos cuantos y dejando de lado que para los panistas importa más el partido que un puñado de burócratas que se sirvieron de él.
Hay otra vertiente que se quiere vender como una corriente fuerte dentro del partido y que apunta hacia la renovación de la dirigencia y de los principales cuadros, para continuar con la misma tónica del control de las estructuras, pero de eso les platicaré después.
Como les decía, esa que parece ser una estrategia panista es todo, menos una iniciativa nacida del seno del partido. Es más un intento desesperado de querer prolongar lo imposible, de retener entre los dedos lo intangible y de querer, en el caso extremo, arrebatar o cuando menos obstaculizar lo que tiene que ser y que será. Pero del PAN, de los militantes y simpatizantes no es, definitivamente.
MORENA Y EL JUICIO POLÍTICO
Ayer, las diputadas locales Úrsula Salazar y Magaly Deándar junto con la senadora Guadalupe Covarrubias ofrecieron una conferencia de prensa en la que aclararon varios puntos y enfatizaron en otros que serán parte de la ruta jurídica y política que sigue el partido para defender lo obtenido en las urnas. Desde hace semanas, el resultado de las elecciones para renovar la gubernatura provocó un enfrentamiento que ha ido de lo público a lo jurídico, mostrando tintes de fiereza en la forma en la que unos quieren evitar lo que tiene que ser.
Deándar, Salazar y Covarrubias hablaron con dureza de un tema que sin duda, genera diferentes opiniones, pero que centraron en el simple hecho de que lo que procede en estos momentos es preparar la transición, sin pensar en nada mas que cumplir la ley. Eso es lo que dijeron, aunque con otras palabras. Claro que se entiende su posición, pero quizá olvidan que la confrontación no siempre ayuda.
En lo que sí fueron suficientemente claras es en el inminente inicio de procesos para pedir juicio político en contra de varios diputados panistas, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix “Moyo” García y de la presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Sanmiguel, Luis René “Cachorro” Cantú y otros de sus compañeros, por haber promovido acciones que resultaron en la modificación de varias leyes y disposiciones internas que les aseguraron el control del Congreso a los panistas.
Las legisladoras de Morena tocaron el tema de supuesto crédito millonario del gobierno, las presuntas implicaciones de funcionarios públicos en el conflicto político y jurídico de Reynosa y otras cosas que van a dar mucho de qué hablar en las siguientes semanas.
LA CRISIS EN EL “CANSECO”
Aunque había sido contenida con esfuerzo, finalmente trascendió públicamente la denuncia de trabajadores sindicalizados que laboran en el hospital general “Carlos Canseco” de Tampico: No solo falta personal y se deben plazas prometidas, sino que lo más grave es la carencia de insumos básicos para atender a los pacientes.
Han llegado al grado de tener que reutilizar jeringas, gasas y otros artículos necesarios para atender a pacientes que llegan al sanatorio, lo que a todas luces es insalubre y riesgoso para todos, como lo alertó ayer la dirigente sindical de ese centro de trabajo.
¿Sabe qué es lo peor? Que las autoridades hospitalarias y del Sector les dicen que no pueden abastecer de medicinas, insumos y equipo porque no hay dinero, porque se encuentran en etapa de transición: Olvidan que el proceso se inicia formalmente el 1 de septiembre. Algo anda muy mal.
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