A la luz del aumento constante en los precios al público de los combustibles, que impactan en el costo de la canasta básica y los servicios, es difícil entender a simple vista la queja permanente de los empresarios gasolineros por las bajas ventas y la reducción de sus utilidades, pero, hay que ver los dos lados de la moneda: también son acusados de hacer trampas en la importación.
Respecto a los costos de operación, los franquiciatarios de Pemex no deberían tener muchos motivos de queja, pues mientras sus gastos de administración son fijos y el pago de los combustibles a la empresa pública se van moviendo de acuerdo a su propio consumo, la parte que corresponde a sus utilidades va creciendo conforme también aumenta el precio al cliente. Parece complicado, pero es simple: compensan las bajas ventas con el elevado costo de las gasolinas.
El tema podría pasar a segundo plano de no ser porque en el sur de Tamaulipas funciona la mayor cantidad de estaciones de servicio de combustibles en el estado y generan empleos directos e indirectos, además, porque en el puerto de Altamira hay proyectos pendientes para operar terminales marítimas e impulsar la importación de derivados del petróleo. La concentración demográfica y el crecimiento económico han propiciado un incremento notable en las opciones disponibles.
Pero el caso es que los franquiciatarios volvieron a levantar la voz y a quejarse de que sus ingresos son inferiores, que no se han recuperado del impacto provocado por las restricciones derivadas de la pandemia hace más de dos años y que otros factores influyen en la situación que enfrentan.
Hace días, José Ángel García Elizondo, ex presidente nacional de Onexpo, la más importante agrupación de empresarios del ramo y director de una de las compañías más grandes del sector en el país, dijo que la situación para este ramo empresarial sigue siendo difícil.
Tiene razón en eso, pues las casi 180 estaciones de servicio ubicadas en la zona metropolitana de Tampico parecen resentir la baja en las ventas al público, aunque, si tomamos en cuenta el constante aumento de los precios, eso no significa un impacto negativo considerable en sus utilidades. Es decir, la queja es relativamente válida.
Antes bien, para ver el panorama más completo hay que recordar que el propio presidente López Obrador confirmó que el gobierno federal ha clausurado varias terminales marítimas porque presuntamente permitían el contrabando de gasolinas. El caso más ejemplar es el de Valero Energy, una compañía estadunidense señalada de alterar los montos de las facturas. Obviamente, la firma extranjera ha negado su responsabilidad y por ello hay una investigación en marcha.
Ese es uno de los aspectos que deben considerarse antes de asumir como cierta la inconformidad -legítima, indudablemente-, de los gasolineros de la zona. Otro tema está relacionado con este y versa sobre la lentitud con la que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está liberando los permisos para la apertura de nuevas gasolineras en México.
La CRE tiene detenida la expedición de autorizaciones en 940 casos en los que empresarios del ramo han solicitado permiso para abrir nuevas estaciones de servicio. El principal argumento para no entregarlos es que por la pandemia se detuvieron muchos trámites y se acumuló un notable rezago.
En México existen más de 12 mil gasolineras que reparten la venta de combustibles entre Pemex y diversas marcas extranjeras como Mobil, BP, Total y Glencore, por mencionar algunas.
En cuanto a las posibles trampas de los gasolineros, la confirmación hecha por el presidente López Obrador sobre los motivos de la clausura de terminales marítimas que presuntamente facilitan el contrabando es algo diferente a lo que en numerosas estaciones de servicio ha encontrado Profeco desde hace 4 años. Sin embargo, aunque inconexas, esas ilegales prácticas unen las sospechas y las generalizan de manera injusta.
Finalmente, aunque aseguren que pasan por un momento difícil y que las ventas han bajado, los empresarios del sector siguen operando, no han cerrado una sola estación -al menos en la zona- y por supuesto, los precios al público no se han reducido. ¿Tienen algo que ver? Por supuesto, aunque no son los únicos responsables.
ESCOTILLA
Una de las dependencias a las que la Cuatroté ya le echó el ojo, es la Comapa Zona Conurbada. El organismo operador de agua potable y drenaje es encabezada por un abogado que no reúne el perfil requerido por la ley para ello.
Para algunos diputados morenistas y para gente que integra el primer círculo en el próximo gobierno, es prioritario poner lupa en el manejo de los recursos, amén de salvar primero el obstáculo legal puesto por el Ejecutivo actual para impedir que el nuevo gobernador ejerza su atribución de designar a los titulares de esos organismos estatales.
No dude usted que tan pronto comiencen a moverse las cosas para recuperar el control estatal sobre esta y otras Comapas, los corifeos del cabecismo empiecen a acusar una cacería de brujas. Saben hacerlo muy bien.
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