Este año tuvo un muy mal comienzo para los mexicanos: La violencia sigue imparable y ni aún en los días que tradicionalmente las actividades delictivas se reducen, hemos dejado de ver situaciones que denotan la gravedad de lo que sucede en el país.
El empoderamiento de grupos criminales es algo que se viene subrayando desde hace algunos años, particularmente desde que el Presidente López Obrador dejó claro que él no tiene una política pública de combate a los criminales, a quienes desde siempre ha ofrecido -y dispendiado, según vemos-, un trato privilegiado que al mismo tiempo es inequitativo con el resto de los ciudadanos.
En vez de cumplir con su responsabilidad, las autoridades federales han optado por repartir abrazos y tolerancia de manera cómplice, a los grupos criminales que operan en prácticamente todo el territorio nacional, dejándolos hacer y deshacer, sembrando carreteras y calles de muertos, estableciendo feudos en los que solamente su voluntad prevalece.
El Estado mexicano está ausente por decisión propia, más que por incapacidad. Si se quisiera ejercer el monopolio de la fuerza reservado precisamente para el Estado, las cosas serían diferentes y no tendríamos los altos índices de violencia que reportan por igual autoridades y organizaciones no gubernamentales.
Las cifras que diariamente se conocen de homicidios dolosos, por citar solamente un ejemplo, indican que las cosas no están bien en México y los números de los asesinatos registrados en los primeros dos días de este año, nos confirman que es un muy mal comienzo.
Hasta ayer, de acuerdo con un reporte elaborado por la consultora TResearch International sobre los homicidios dolosos en México, se habían registrado 142 mil 973 asesinatos catalogados así, tan solo en los últimos cuatro años que corresponden a la administración de López Obrador.
Eso no es lo más escandaloso, pues habrá muchos que digan que los anteriores gobiernos también se caracterizaron por la impunidad de los grupos criminales y posiblemente hasta por la complicidad y puede tener razón, pero lo terrible es que ahora las condiciones no parecen haber cambiado para bien y por el contrario, la percepción es de que todo está peor.
Más de 142 mil homicidios dolosos en los 4 años del gobierno de Andrés Manuel representan una cifra superior a los 22 mil muertos reportados en los 6 años de Felipe Calderón, al que el propio López Obrador y sus simpatizantes han calificado como el sexeio más sangriento. Con estos números, la narrativa cae como plomo y además, tiene un efecto contrario.
El mal comienzo de este año en materia de seguridad es un indicador de que el camino trazado es incorrecto, de que es preciso corregir el rumbo, de que es indispensable tener una óptica autocrítica y decidirse a actuar con responsabilidad en el combate a la delincuencia, sea la que cometa delitos del fuero federal o común, finalmente, quienes estén fuera de la ley deben someterse a ella las autoridades tienen esa tarea.
La misma firma especializada señala en un comparativo, que de mantenerse la tendencia, el gobierno de Andrés Manuel rebasará inclusive antes de concluir su gestión a la administración de Enrique Peña Nieto, la que hasta ahora tiene el récord de más homicidios dolosos, con 156 mil 066.
De verdad, es para preocuparse: Si se continúa con la absurda idea de seguir ofreciendo impunidad traducida en abrazos y tolerancia a los trasgresores de la ley, el país acelerará su tránsito hacia una mayor degradación de su vida pública y convertirá, ahora sí, a México en un Estado fallido, una denominación que años atrás ha utilizado la izquierda para denostar a los gobiernos que le sucedieron en el poder.
Los casos más ejemplares del mal inicio de este año en materia de violencia es lo sucedido en Chihuahua, con el motín y enfrentamientos armados que se derivaron de una fuga de reos relacionados con la delincuencia organizada.
Si bien, la seguridad del penal es responsabilidad de la administración estatal de Chihuahua y se le debe endosar lo que le corresponda, tiene mucho que ver la falta de compromiso federal con los gobiernos de las entidades, especialmente si se la pasan pidiendo institucionalmente apoyo a la Federación y no se les otorga.
Al margen de la indolencia y de la complicidad que pudieran tener celadores o personal del área de seguridad pública de Chihuahua, la percepción de que cualquier delincuente, sea de donde sea, puede andar impunemente por las calles, se deriva de la tolerancia que emana esa política oficialista de repartir abrazos, en vez de aplicar la ley.
Faltan dos años para terminar el sexenio y aunque en renglones como el pretendido combate a la corrupción, el rescate del campo o la atención a grupos vulnerables pudiera haber avances, el tema de la seguridad -o inseguridad-, sigue y seguirá siendo el principal fracaso de un gobierno que llegó con altas expectativas y que no ha podido y querido cumplir su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos la tranquilidad su integridad y la de su patrimonio. El riesgo existe, pero aún se puede rescatar algo.
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