Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del conjunto de modificaciones a la legislación electoral, lo que se conoce como “Plan B” del Presidente López Obrador, se inició formalmente la siguiente fase de lo que quienes defienden la democracia consideran un artero golpe contra ese régimen.
La oposición asegura que el llamado “Plan B”, propuesto por Andrés Manuel y aprobado la semana anterior en el Senado con 72 votos de Morena y sus aliados del PT y el Verde, le permite a López Obrador ejecutar su estrategia largamente anunciada para acotar las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), restarle margen de maniobra y continuar con su embestida verbal y mediática en contra de los consejeros.
Se ha dicho hasta el cansancio que para cualquiera que se precie de ser demócrata, sea de izquierda o de derecha, para cualquier ciudadano responsable y consciente de que nunca el tiempo pasado fue mejor en materia política, lo que promovió y logró el Presidente con el apoyo de sus diputados y senadores incondicionales de Morena, PT y el Verde -incluyendo el simulador Ricardo Monreal- es un retroceso para la vida democrática del país.
La publicación y la entrada en vigor de ese conjunto de leyes ya provocó que diversos actores políticos y sociales empezaron a presentar al menos un centenar de recursos legales para tratar de frenarla, esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre las impugnaciones presentadas.
Para que tenga usted una idea, la reforma del Presidente obligará al INE a despedir a por lo menos al 80% del personal que se encarga de la preparación de los procesos electorales, lo que directamente va a impactar negativamente las funciones que tiene el organismo.
El asunto va para largo, al menos dos meses más, pero en este lapso veremos cómo el Presidente se sigue metiendo en la discusión y tratará de influir en la decisión de los ministros.
El tiempo apremia y Andrés Manuel quiere que la Corte decida antes de junio. La batalla por el INE y por preservar lo que se ha avanzado en el camino democrático está en otra etapa.
EL EJÉRCITO Y NUEVO LAREDO
Habrá quienes estén o no de acuerdo con la estrategia federal en materia de seguridad, pero es inevitable revisar los hechos que se han registrado en distintas partes del país desde que se inició el gobierno de la Cuatroté, al tiempo de pensar si es necesario replantear la forma en que Andrés Manuel pretende combatir la inseguridad y la violencia.
Lo sucedido hace días en Nuevo Laredo, en donde elementos del Ejército son investigados por presuntamente actuar fuera de la ley en un enfrentamiento, ha ocasionado un nuevo golpe a la imagen de la institución armada. A los soldados se les acusa de haber ejecutado a varios jóvenes, de quienes no se sabe si eran o no delincuentes.
Y mientras hay quienes justifican la acción de los militares en función de su reacción ante situaciones que ponen en peligro su vida, hay quienes se ponen del lado de quienes rompen la ley, dejando a final de cuentas al Ejército en medio y a merced de los juicios desfavorables.
Lo he dicho y lo reitero: La lealtad de las fuerzas armadas está fuera de cualquier duda y lo peligroso de la labor que se les ha encomendado haciendo tareas que deberían realizar los civiles, los expone a este tipo de situaciones en donde su reputación sale dañada, sin haber necesidad de ello.
Quizá es momento de replantearse si los abrazos nunca funcionaron y si en vez de eso los dejaran actuar como lo marca la ley, las cosas serían diferentes.
ESCOTILLA
Una nueva visita del gobernador Américo Villarreal a Tampico, ahora acompañado por el director general del ISSSTE, confirma el interés del mandatario por estrechar la relación institucional fincada en lo personal, con los Alcaldes de la zona sur.
Américo asistió a varios eventos, entre ellos un recorrido por el terreno en el que se construye un hospital del ISSSTE y la visita al sanatorio “Dr Carlos Canseco”.
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