Las cifras son duras, frías y al mismo tiempo, indignantes porque ante esa realidad no se ven acciones ni voluntad para enfrentar con eficacia, frenar y resolver el problema.
No hablo de los más de 164 mil homicidios dolosos que se han registrado en el México de la Cuarta Transformación, algo que convierte a esta administración en la más sangrienta de los últimos 30 años, inclusive escandalosamente más brutal que los gobiernos del PRI y del PAN que se han repartido el poder en las dos décadas anteriores. Esto es algo peor.
Me refiero a los números de personas desaparecidas que, de acuerdo con cifras oficiales, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) recopila permanentemente y que nos da un panorama de cómo están las cosas en materia de seguridad, impunidad y aplicación (o ignorancia) de la ley.
De 2021 a principios de agosto, el SNSP -órgano perteneciente al gobierno que encabeza Andrés Manuel-, había contabilizado más de 110 mil personas desaparecidas en diversas circunstancias. El apartado se denomina “Personas desaparecidas y no localizadas” y en ese índice nefasto destacan cinco estados con la mayor cantidad de casos.
Jalisco, con 14 mil 877 personas; Tamaulipas en segundo sitio con 13 mil 017; Estado de México con 11 mil 564, Veracruz con 7 mil 396 y Nuevo León con 6 mil 924 ciudadanos en condición de desaparición y no localización, son muestras de lo mal que están las cosas en el país.
Claro que los números indican la incidencia de este problema social en los últimos dos años y medio, pero parte de eso es resultado del clima de inseguridad, impunidad e indolencia de autoridades federales desde hace décadas. La agudización se debe a que no se ha roto la inercia que se traía e inclusive, en amplios sectores de la sociedad se percibe ahora una mayor participación de los criminales en el aumento de los delitos de alto impacto, sea por indolencia o incapacidad del gobierno federal.
El reporte que elaboró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que corresponde a esta parte del gobierno de López Obrador es claro: En promedio, cada hora desaparece una persona en el país, algo que no se veía ni en los peores años en los que el viejo PRI gobernaba con mano de hierro y sin contrapeso ciudadano que lo cuestionara.
Aunque la atención pública se centra principalmente en los homicidios dolosos, cuyos números sirven como combustible para insistir en las legítimas críticas la inexistente política federal de combate a la delincuencia, las desapariciones son otro aspecto que es necesario observar, combatir y resolver.
El asunto es tan grave y no ha sido visibilizado adecuadamente, que la cantidad de personas que no han sido localizadas durante solo dos años y medio del gobierno de la Cuatroté, es apenas poco menor que la cantidad de homicidios dolosos de 2018 a la fecha. Sin duda, si se hace un comparativo de ambos temas en el mismo lapso, los resultados serán más escandalosos.
Las desapariciones forzadas son la otra gran herida por la que sangra el país. El hecho de que exista una Comisión Nacional de Búsqueda y que desde el mismo gobierno federal se hayan ejercido presiones para que accediera a maquillar las cifras oficiales de personas en esa condición, hicieron que su titular renunciara esta semana. Eso retrata la podredumbre que priva en las instancias burocráticas de alto nivel.
Como antecedente, el Presidente López Obrador ha desestimado constantemente las denuncias ciudadanas y de organismos no gubernamentales que enfatizan en la gravedad de este problema, derivado de la falta de una política pública para combatir a la delincuencia. Andrés Manuel ha sostenido sistemáticamente que la cantidad desaparecidos en México es menor que los 110 mil casos registrados por las mismas autoridades. Evidentemente, es un intento por querer evadir la realidad.
Diversos colectivos que aglutinan a buscadores de desaparecidos en Latinoamérica, han mostrado su preocupación por lo que consideran un aparente intento del gobierno de Andrés Manuel para minimizar la incidencia de este problema. Su inquietud es legítima, si tomamos en cuenta que aceptar que en dos años y medio esta administración implicaría reconocer el fracaso de la Cuatroté en esta materia. Sería admitir por fin la incapacidad para cumplir con la responsabilidad constitucional de garantizarle a los mexicanos un derecho universal básico.
Eso, en tiempos políticos como los que vivimos no le conviene el régimen. Ni al actual ni a los anteriores, por eso es que cuando se ha cuestionado la efectividad de cualquier gobierno en materia de seguridad y combate a la impunidad, nadie admite las cifras, aunque sean oficiales y muchas veces se queden cortas ante la brutal realidad como la que vivimos.
LISTO, EL INFORME DE OSEGUERA
Adrián Oseguera Kernion tiene todo listo para rendir su segundo informe de gobierno al frente del Ayuntamiento de Ciudad Madero. En realidad es el quinto, considerando que esta en su segunda administración.
El Cabildo de Ciudad Madero designó a la Unidad Deportiva como sede de la sesión en la que Oseguera presentará los resultados del último año al frente del gobierno local. El acto está programado para el viernes 8 de septiembre a las 6 de la tarde.
Adrián podrá enumerar las acciones que ha llevado al cabo en los cinco años que lleva como Presidente Municipal, lapso en el cual se notan ya cambios en los rubros de obra pública, turismo, salud, deporte, desarrollo económico y generación de empleo, entre otros.
ESCOTILLA
Un juez federal resolvió ayer un recurso legal que había presentado hace tiempo la defensa de Eugenio Hernández Flores. Con eso, el exgobernador de Tamaulipas pudo quedar en libertad tras pagar una fianza, aunque no significa que esté libre de sospechas por presuntamente haber cometido varios delitos.
Una Corte de Texas pidió hace unos años su extradición, para juzgarlo por varios ilícitos que presumen, cometió durante el tiempo en el que fue gobernador del estado. Ese proceso lo enfrentará en libertad, pero acudiendo a firmar al juzgado como cualquier otro reo procesado en México.
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