Es el paisaje cotidiano en terminales de autobuses, edificios públicos y demás espacios comunes: paredes, postes, cristales, autos, y cualquier superficie que sirva para pegar las angustiantes hojas de papel en interminables filas, se atisban rostros infantiles, juveniles y maduros… hombres, mujeres, niñas y niños.
Las fichas de búsqueda emitidas por las Fiscalías de Justicia de todos los estados, como de organizaciones de Derechos Humanos, dibujan un mosaico abrumador e indignante en cada rincón de México. Son los desaparecidos, aunque la autoridad federal recurra al eufemismo del “no localizados” para limpiar sus estadísticas de efectividad.
Cuando López Obrador asumió la Presidencia se comprometió, por ejemplo, a esclarecer satisfactoriamente el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
A los padres y madres de las víctimas les dijo que él era diferente y que haría lo necesario para llegar a la verdad, hasta encontrar y entregarles a sus hijos y castigar a los responsables.
Ayer se cumplieron 10 años, de los cuales, seis corresponden al gobierno de Andrés Manuel y no cumplió su compromiso con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Como no cumplió tantos otros.
Nada. Es más, después de la luna de miel que lo hacía quedar bien, simplemente ya no quiso recibirlos, en cambio comandó el financiamiento millonario, dinero público claro, para ir hasta Panamá a buscar restos de un revolucionario tamaulipeco. La incongruencia total, la indolencia real.
A muchos podría parecerles un tema sin interés el de los estudiantes de Ayotzinapa, creerían quizá que -a una década de distancia- es un asunto sin impacto en el rumbo del país o simplemente lejano porque no ocurrió en sus comunidades. No algo tan grave.
Pero cuando en México se habla de decenas de miles de personas desaparecidas como resultado de la violencia imparable y de la actuación impune de los criminales, el asunto no puede ignorarse. Es igual de criminal y cómplice tolerar la indolencia de las autoridades encargadas de la búsqueda.
Y no solo porque sería ignorar a las familias de los miles de desaparecidos en el sexenio de López Obrador, sino porque significaría aceptar y ser partícipe de la complicidad oficial, de la purificación del crimen que tiene a México bañado en sangre.
En el gobierno del compañero Andrés Manuel, es escandalosa la cifra de personas que simplemente desaparecieron, que fueron clasificadas como “no localizables” por las autoridades y de quienes fueron incluidos en ese rubro para no aumentar el número de secuestrados o asesinados. Para sus cifras inverosímiles y alegres.
De acuerdo con números citados por diversas organizaciones no gubernamentales, a principios de septiembre había más de 120 mil personas desaparecidas, una cantidad que se incrementó de manera alarmante en el sexenio de la Cuatroté.
Hace cinco meses, en la opinión pública surgió una fuerte corriente marcada por la indignación, pues las ONG´S afirmaron que con un mecanismo de reciente aplicación, el gobierno de Andrés Manuel tramposamente redujo en casi 20 mil la cifra de desaparecidos oficialmente registrados. De por sí la cifra negra, la no denunciada, ya era bastante alta.
No es todo: También se reportan al menos 72 mil cuerpos de personas sin identificar, lo que los coloca en el limbo entre desaparecidos, secuestrados y víctimas de homicidios dolosos, de personas que ni siquiera muertas lograron volver con sus familias.
Todos esos rubros que en la administración de los abrazos a los delincuentes se convirtieron en algo común.
También, según la Red de por los Derechos de la Infancia en México (Redin), diariamente desaparecen en promedio 25 menores cuyas edades fluctúan entre los 0 y los 17 años, algo que simplemente parece no preocupar a las autoridades federales.
El panorama es inquietante, porque ni con toda la fuerza del Estado mexicano pudo López Obrador cumplir con el compromiso hecho ante los padres de los estudiantes desaparecidos en el gobierno de Peña Nieto. Tampoco se vieron muchas muestras de voluntad, hay que decirlo.
Pero lo más grave es que con la ausencia de una política de seguridad que pusiera énfasis en el combate a los delincuentes, con la permisividad derivada de repartir abrazos en lugar de aplicar la ley, lo que hizo el compañero Andrés Manuel fue facilitar un mayor empoderamiento de los criminales. Les dio licencia para extender sus atrocidades.
¿Qué tiene que ver eso con los desaparecidos o con las miles de personas cuyos restos no han sido identificados? Todo, porque es bien sabido que ante la impunidad que priva, los grupos criminales reclutan a la fuerza a jóvenes o adultos; secuestran y desaparecen lo mismo a quienes están vinculados de alguna forma con actividades ilícitas que a quienes tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino o de ser confundidos.
Causas hay muchas y no necesariamente todas las víctimas están relacionadas con los delincuentes. Seguramente, la mayoría son daños colaterales, como se dice cuando no se quiere reconocer lo que es políticamente incorrecto.
Andrés Manuel se va el martes. El lunes es su último día en el poder pero detrás de sí deja una estela sangrienta, de indolencia y de complicidad con los delincuentes que en su sexenio actuaron con impunidad, imparables y por el contrario, en cierto modo protegidos por los abrazos que desde el inicio de su gobierno les ofreció el Presidente.
México es, como en los años de la llamada “guerra sucia”, un país de desaparecidos. El elemento agravante de ahora es que la culpa de esto se le puede endosar directamente al gobierno de izquierda, que se había comprometido a ser diferente de los neoliberales. Falacias. Cinismo.
LOS APOYOS DEL REGIDOR A LAS ESCUELAS
Desde el inicio de la saliente administración municipal, Juan Pizaña Martínez llamó la atención por ser uno de los escasos regidores de Morena en Tampico, que levantó la voz en numerosos casos donde tenía dudas respecto a la actuación del gobierno local.
También, además de destacar como un participante asiduo en las sesiones del Cabildo -ahí están las actas para revisar-, Pizaña se convirtió en un gestor de habitantes de numerosas colonias de la ciudad.
Este viernes, el regidor Pizaña Martínez va a encabezar un evento en las instalaciones del CBTA 12 ubicado en los límites de Tampico y Ciudad Madero, en el cual entregará paquetes de material desinfectante y de limpieza, así como otros artículos útiles para el mantenimiento de planteles educativos.
El año pasado, el edil tampiqueño hizo esto por primera vez y se beneficiaron directamente 140 escuelas de todos los niveles. Hoy, estima que acudirán 200 representantes escolares y de asociaciones de padres de familia para recibir estas donaciones adquiridas con sus recursos.
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