La seguridad es un compromiso común en los municipios de la zona conurbada, por eso los Alcaldes trabajan desde el inicio de sus administraciones en esa área,.
Tres veces por semana llevan a cabo reuniones de la Mesa de Construcción de Paz, en las que se analiza la situación general.
Además de reconocer que recibieron los municipios con niveles bastante buenos en materia de seguridad, comenzaron a analizar un problema surgido en el último mes.
A través de redes sociales y de manera directa entre sus propios vecinos, compañeros de trabajo y familiares, varias personas denunciaron haber sido víctimas de asaltos en unidades del transporte público, algo que ocasionó temor y molestia entre los ciudadanos.
La gente se había acostumbrado a vivir en tranquilidad y sin este tipo de situaciones en los últimos seis años en los que Tampico apareció en los primeros tres sitios como ciudad segura en el país.
Esa condición benefició de paso a Ciudad Madero y Altamira, cuando se hablaba de ese factor decisivo para atraer inversiones, eventos, conciertos o simplemente, turistas.
Cuando esta semana se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre la percepción ciudadana sobre la seguridad, no sorprendió que Tampico apareciera nuevamente en la tercera posición.
Decía entonces que la inercia que se trae de un trabajo intenso realizado de manera conjunta entre autoridades municipales y estatales, así como las fuerzas armadas -Ejército, Marina, Guardia Nacional-, junto con la Guardia Estatal, explicaban ese resultado.
Pero en semanas recientes, la misma ciudadanía denunció públicamente a través de redes sociales que comenzaron a reportarse asaltos en autobuses y robos domiciliarios en distintas colonias del norte, lo cual generó temor e indignación entre las personas.
Por eso, el tema de regresar la tranquilidad a los ciudadanos ha sido recurrente en las reuniones de la Mesa de Construcción de Paz en la que participan Mónica Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo y el Alcalde de Altamira, lo cual ya se nota con algunas acciones que se tomaron para enfrentar el problema.
Algunas de ellas se ven en Ciudad Madero, en donde elementos de la Guardia Estatal han efectuado recorridos y acompañamiento a usuarios, en algunas unidades del transporte público como una manera de disuadir a los delincuentes de cometer algún robo.
Los importante es que se está trabajando y además se ha sumado el compromiso de los empresarios con los gobiernos municipales y estatal, para hacer aportaciones económicas destinadas a comprar por lo menos diez patrullas más, que se sumarán a las 48 que ya se utilizan para vigilancia en la zona conurbada.
LA HERENCIA QUE NO QUIEREN VER
De nuevo, Sinaloa es el mejor ejemplo de la podredumbre con la que el gobierno del compañero Andrés Manuel se manejó en materia de seguridad, dejando a los ciudadanos desamparados ante la acción de los delincuentes.
En esa entidad, el propio gobernador Rubén Rocha Moya está en el centro de la polémica, por las sospechas de haber participado en hechos registrados hace tres meses, cuando comenzó a agudizarse el problema que hoy exhibe a Sinaloa como el caso más claro de la presunta colusión oficial con los delincuentes.
El hecho de que el gobierno del compañero Andrés Manuel dejara que los criminales hicieran a su antojo todo lo que quisieron, sin molestarlos y por el contrario tenderles un manto de impunidad y protección, trajo consecuencias como las que vemos en Sinaloa, Colima, Guanajuato, Veracruz. Bueno, prácticamente en todo el país.
Lo que sucede en Sinaloa, debe ser un llamado de atención enérgico para que el nuevo gobierno federal asuma la responsabilidad que el compañero Andrés Manuel siempre eludió: La de enfrentar con toda la fuerza del Estado mexicano y la firmeza de la ley a quienes la trasgreden.
La violencia que recorre el país de punta a punta es una herencia de López Obrador que sus seguidores no quieren ver.
La enorme cantidad de homicidios dolosos -200 mil en menos de seis años-, es una cifra escandalosa, indignante y vergonzosa porque en todo el sexenio no se emprendieron acciones del gobierno contra los grupos de delincuentes y fue esa tolerancia cómplice lo que alentó sus actividades ilegales.
Si en este momento se culpa al pasado por lo que se vive -el terror de millones de familias, la incertidumbre y la desesperanza-, es porque justamente en el pasado reciente, el que corresponde al gobierno del compañero Andrés Manuel, las cosas no se hicieron como debieron.
La herencia de López Obrador al nuevo gobierno es algo que no puede soslayarse ni minimizarse.
No se trata de un legado político, sino de las consecuencias de haber sido omisos en el cumplimiento de la responsabilidad de velar por la seguridad de la gente.
Repartir abrazos y tolerancia a los delincuentes convirtió al pasado -sí, al gobierno pasado- en cómplice de quienes se robaron la paz, la tranquilidad, el patrimonio y hasta la vida de decenas de miles de personas en México.
La herencia del compañero Andrés Manuel, esa que nadie quiere pelear no está en las Cámaras, en las gubernaturas o en los gobiernos municipales: Está en las calles ensangrentadas, en los cementerios llenos, en las fosas clandestinas, en las ciudades en donde la seguridad quedó olvidada, ante la predominancia de los abrazos.
ESCOTILLA
En la avenida Divisoria, en los límites de Tampico y Altamira, la Comapa Sur lleva a cabo uno de los proyectos más importantes en lo que va del año.
Se trata de la rehabilitación integral de un colector, que facilita el funcionamiento de la red de distribución de agua potable a varias colonias de ese sector compartido por las dos ciudades.
La antigüedad de la red ocasionó el colapso de la estructura, afectando con eso el suministro normal del líquido a miles de familias que habitan en esa zona de Tampico.
Los trabajos superan el 90 por ciento de avance y se calcula que una vez concluida la obra se restablezca el abasto al ciento por ciento en ese sector, con una mayor calidad en el funcionamiento de la red.
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