Qué mejor momento para avanzar en la presentación de la pretendida reforma electoral del gobierno, que aprovechar la inercia de la conversación pública tras los hechos violentos del domingo pasado.
El impacto del operativo militar estadounidense-mexicano para detener al líder del cártel que se empoderó y se apropió territorialmente de amplias regiones del país durante el sexenio del compañero Andrés Manuel ha ocupado buena parte del debate nacional.
En ese contexto, la reforma electoral ha quedado en segundo plano y ese escenario le viene bien al régimen. Sin margen para el análisis profundo ni para una discusión abierta, disminuyen las posibilidades de que surjan contrapropuestas de fondo.
Si bien de entrada la narrativa oficial insiste en que los cambios buscan reducir el costo de las elecciones y el gasto en diputados y senadores, en el fondo el objetivo replica lo que ya se había intentado antes: debilitar al INE —antes ejemplo de profesionalismo, autonomía e imparcialidad—, empujar la desaparición de los organismos electorales estatales y limitar la representación de corrientes políticas opositoras.
El espíritu de la reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum recuerda prácticas que durante décadas caracterizaron al PRI, hasta que en 1990 la sociedad civil irrumpió para forzar la ciudadanización de las autoridades electorales.
Ni siquiera en los años de poder absoluto del PRI el gobierno se atrevió a cerrar completamente las puertas a la alternancia, que es un mecanismo indispensable para equilibrar el poder y fortalecer la democracia.
El proyecto lleva meses discutiéndose —en teoría— en foros realizados en los estados. En el papel han sido espacios ciudadanos, pero en la práctica, hubo control en la participación de organizaciones civiles, académicos y voces críticas.
La predominancia de propuestas presentadas y filtradas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral refleja el interés de la Cuatroté —y en el fondo del propio López Obrador— por mantener un control férreo del sistema electoral el mayor tiempo posible.
Algo que refuerza esta tesis es que funcionarios designados por la presidenta para conducir la consulta pertenecen a Morena.
No hubo representación formal de la oposición ni participación estructurada de especialistas independientes.
Este es un método conocido desde los tiempos del viejo PRI, del que proceden el compañero Andrés Manuel y buena parte de los protagonistas del régimen actual, cuando el objetivo era conservar el control del aparato institucional que planificaba, organizaba y validaba las elecciones.
Y es cierto, los ciudadanos están hartos de la ineficiencia de diputados y senadores, plurinominales o de mayoría.
Cansados del reciclaje de políticos que han transitado del PRI al PAN, a Movimiento Ciudadano, al Verde y a Morena según convenga. Hastiados de gobernadores, alcaldes y regidores que cobran emolumentos elevados sin resultados visibles.
Existe molestia frente a cuotas partidistas o de género mal aplicadas, frente a simulaciones y candidaturas que responden más a acuerdos internos que a méritos reales.
Por eso, una reforma electoral de fondo podría generar esperanza, pero el problema es el contenido, pues hasta donde se conoce, el documento que se enviará al Congreso plantea eliminar el método tradicional de asignación de plurinominales.
En cambio, pretende introducir un esquema que se presenta como equitativo al distribuir posiciones bajo criterios de género, pero que en los hechos podría distorsionar la representación efectiva si no se construye con reglas claras y objetivas.
Otro punto delicado es la reducción presupuestal al INE y a los organismos locales, ya que entre las posibles consecuencias estaría la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una herramienta que con el paso de los años se convirtió en pieza clave para brindar certeza en el conteo inmediato de votos.
Quienes recuerdan cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones no olvidan el proceso de 1988 y la famosa “caída del sistema”.
Esa crisis aceleró la creación del entonces Instituto Federal Electoral con carácter ciudadano y abrió la puerta a mecanismos que fortalecieron la confianza pública y limitaron la manipulación política.
El PREP es uno de esos mecanismos, por lo que si desaparece o se debilita, habrá un retroceso en la confianza ciudadana.
Mientras tanto, la distracción generada por la detención y muerte del jefe criminal encumbrado durante el gobierno del compañero Andrés Manuel sigue ocupando espacios centrales en la conversación pública.
Y la reforma electoral permanece a la espera de que la mayoría oficialista actúe como lo ha hecho en otras ocasiones: haciendo valer su poder legislativo sin conceder margen real a la oposición, a especialistas y a la sociedad civil.
Sí, como cuando el viejo PRI era todopoderoso y al presidente le aprobaban todo sin levantar la voz y la cara sus diputados y senadores.
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