Desde que se anunció la intención de modificar la Constitución para permitir la reconfiguración del Poder Judicial y elegir mediante voto popular a jueces y magistrados, se advirtió lo arriesgado de esta medida.
Con el paso de los meses se confirmó que el proceso de selección de las y los candidatos a cada puesto en la estructura del aparato judicial estuvo lleno de situaciones que, de origen, viciaron todo el procedimiento de renovación del Poder Judicial.
El sesgo en la definición de candidatos, los detalles que hicieron complejas las campañas y el mecanismo de votación representaron un reto enorme para todos los aspirantes y validaron la percepción de un proceso que a la inmensa mayoría de los ciudadanos le pasó de noche.
El uso y abuso de prácticas que durante décadas adquirieron carta de naturalización en procesos electorales —como los famosos acordeones con nombres de los sugeridos por personajes ligados al oficialismo— vino a cuestionar todavía más la legitimidad de la elección y lo absurdo de la ocurrencia, al calor de un empecinamiento del poder que viene desde los años en los que el compañero Andrés Manuel tenía todo el poder, menos la capacidad de controlar al Poder Judicial.
La baja participación ciudadana y los resultados de la elección confirmaron que a la sociedad civil no le interesó un proceso que, guste o no, marca el cambio de rumbo en la vida institucional del país, bajo el argumento de una reforma profunda a las estructuras de impartición de justicia.
Luego, la asunción de jueces y magistrados en los tribunales de justicia de los estados en donde se realizaron elecciones y en la Suprema Corte confirmó los temores de muchos que advirtieron sobre la fragilidad de la independencia del nuevo Poder Judicial respecto al Ejecutivo.
Jueces —por igual hombres y mujeres— con perfiles personales cuestionados, sin la preparación o experiencia profesional mínima requerida, con vínculos a veces no tan disfrazados con partidos políticos y con falta de criterio para ser impartidores de justicia acordes con la realidad del país, marcaron esa nueva etapa en la vida institucional de México.
Y, en medio de todo, la sociedad civil no organizada quedó indefensa ante la posibilidad cada vez más real de que jueces y magistrados estatales y federales actúen sin alguien que los vigile y cuestione su proceder desde una óptica de objetividad e independencia.
Esa falta de contrapesos es lo que aceleró el surgimiento, a nivel nacional y en varios estados, del Observatorio Judicial de la Zona Sur de Tamaulipas, un organismo integrado por representantes de la sociedad civil, académicos y especialistas en Derecho con amplio conocimiento del tema.
El fin de semana se realizó la presentación de este Observatorio, un ejercicio ciudadano y profesional que busca generar una conversación crítica, pero constructiva, sobre el accionar de los integrantes del Poder Judicial, no solo en el estado, sino también a nivel federal.
Entre sus integrantes hay representantes de la sociedad civil, académicos, abogados —aunque ningún litigante— y especialistas en Derecho que buscan contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. Algunos de ellos son Rafael Martínez Alcocer, representante de la Organización Mundial de Abogados en Tamaulipas; Aurora Mercado Vargas, de la misma organización a nivel nacional; Guadalupe Melgarejo Pérez, coordinadora nacional de la Federación de Colegios e Instituciones Educativas del Centro y directora del Observatorio Judicial del Sur de Tamaulipas; David Hernández Muñiz, representante de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas; Ernesto Alfonso Martínez Suárez, representante de organizaciones médicas; Marisela Pérez Gómez, consejera de la Unión de Padres de Familia.
Señalar yerros, hacer notar acciones que impactan negativamente la impartición de justicia y el funcionamiento del aparato judicial, así como recomendar el cumplimiento de la ley y de la voluntad popular, son tareas que se ha echado a cuestas este Observatorio Judicial del Sur de Tamaulipas que es, hay que destacarlo, el primero que surge en el estado.
El primer gran tema que aborda esta agrupación de la sociedad civil y de especialistas en Derecho es el extrañamiento por la decisión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de cambiar de jurisdicción al juez Gilberto Barrón Carmona, quien ganó la elección del año pasado con más de 38 mil votos para atender sus responsabilidades en el distrito judicial de Altamira.
Sin embargo, de acuerdo con la inconformidad expresada por Rafael Martínez Alcocer, integrante del Observatorio, sin argumentos convincentes se ordenó el traslado del juez Barrón a la zona de El Mante, violando así la voluntad popular de los ciudadanos de la región que votaron por él para que ejerciera sus tareas en Altamira.
Esta primera observación, que hace notar la incongruencia de enviar a otra zona a un juez electo por ciudadanos de una región, es con la que inició sus labores el Observatorio Judicial del Sur de Tamaulipas, en una muestra de que desde la sociedad civil, el sector académico y los especialistas en Derecho se tiene que alzar la voz para no dejar indefensos a los ciudadanos ante decisiones unilaterales como la mencionada.
Más allá del rumbo que tome la inconformidad, de la formalización de la queja ante las instancias jurídicas correspondientes y del sustento que se dé a la solicitud de reconsideración de esa medida del Supremo Tribunal de Justicia, por lo pronto queda el antecedente de que, menos de un año después de la polémica elección de jueces y magistrados, las fallas en la impartición de justicia y los movimientos para desplazar de las zonas en las que fueron electos obedecen a criterios no clarificados.
Como sea, el surgimiento de este Observatorio Judicial del Sur de Tamaulipas viene a refrescar la conversación pública. También sirve como aportación para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, analizar el funcionamiento del nuevo Poder Judicial y actuar como voz de una sociedad civil que requiere contrapesos ante instituciones que todavía están lejos de ofrecer la certeza de actuar con total imparcialidad, sensatez y objetividad, porque la curva de aprendizaje de sus nuevos integrantes ha sido larga y no se ve para cuándo termine.
abarloventotam@gmail.com
