Mucho se ha hablado en los últimos cinco años acerca de cómo el clima de inseguridad pública en San Luis Potosí se descompuso más durante el actual gobierno del Partido Verde, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona.
Ha sido mucho, pero nunca es suficiente y la más reciente prueba es que el fin de semana el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue secuestrado en territorio de Zacatecas, sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, un hecho que inicialmente generó confusión sobre el lugar en donde ocurrieron los acontecimientos, pues sus acompañantes solicitaron ayuda en Cedral, San Luis Potosí.
El secuestro alcanzó rápidamente una amplia difusión mediática y generó presiones políticas sobre los gobiernos involucrados.
Es uno más de tantos episodios de inseguridad que se han registrado en las carreteras de esa región durante el último lustro.
No tendría nada de raro para alguien que sabe que eso sucede en todo el país, independientemente del partido que gobierne cada estado.
Sin embargo, cuando se trata de una entidad en la que su gobernador y el partido que representa son señalados como los responsables del clima de inseguridad que se deterioró aún más durante su administración, las cosas toman otro matiz.
Las primeras versiones oficiales generaron confusión y las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas dieron información que no coincidía en cuanto al lugar en donde fueron secuestrados el alcalde tamaulipeco y su familia.
No obstante, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch informó que unas horas después del secuestro las autoridades federales y estatales lograron localizar con vida al alcalde de Río Bravo.
El asunto tiene varias aristas que dejan un mal sabor de boca por donde se vea, pues por un lado está el tema de la inusitada rapidez con la cual se coordinaron autoridades de Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí para tratar de localizar rápidamente a Almaraz.
Por el otro, queda la desazón porque, de acuerdo con las denuncias, existen numerosos casos de inseguridad que han ocurrido a lo largo de la carretera federal 57 que atraviesa San Luis Potosí, donde se han denunciado robos y otros delitos que mantienen en riesgo a quienes transitan por algunos de sus tramos.
Lo bueno es que se pudo localizar relativamente rápido al alcalde tamaulipeco, lo malo es que queda la percepción de que, por tratarse solamente de un político, las autoridades federales y estatales se movilizaron con rapidez para rescatarlo.
Decenas, cientos y hasta miles de personas que han sufrido delitos similares en los últimos años no han tenido esta suerte ni ese privilegio de regresar con vida a sus hogares y con sus seres queridos.
Las lecciones que esto deja son varias: Una de ellas es que San Luis Potosí sigue enfrentando graves problemas de seguridad, particularmente en algunos tramos carreteros, en donde los delincuentes actúan -como en todo el país-, con impunidad.
Aunque no tengo elementos documentales para sostenerlo, seguramente hasta con la complicidad indolente de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno.
Otra es que cuando existe una coordinación rápida y eficaz entre autoridades, las situaciones pueden resolverse como en este caso.
Una más, quizá de mayor preocupación, es que independientemente del partido que gobierne un estado, el país o un municipio, si el secuestrado o cualquier víctima de delito no es una figura pública prominente, difícilmente va a quedar libre y recibir justicia.
No se trata de endosarle toda la responsabilidad de la inseguridad que existe en los límites estatales a Gallardo y al Partido Verde, pues tanto Zacatecas como Tamaulipas padecen este tipo de problemas, pero es indiscutible y existen testimonios en abundancia de que la entidad potosina es hoy una donde la gente vive con miedo.
Además, está el antecedente carcelario del propio Gallardo, quien fue detenido y encarcelado en una prisión federal hace unos años, acusado de diversos delitos.
Posteriormente obtuvo un amparo por insuficiencia de pruebas y recuperó su libertad, sin que existiera una sentencia condenatoria en su contra. Después fue diputado federal del PRD y posteriormente pasó al Partido Verde.
Como candidato de este partido le ganó a Morena la gubernatura hace cinco años y a partir de ahí, el complicado panorama potosino de inseguridad se complicó.
¿Qué tiene que ver la irrefrenable inseguridad de San Luis Potosí con Tamaulipas y la disputa por el poder? Hay varios elementos en común que vale la pena destacar.
Por un lado, Gallardo se ha empeñado en hacer que su esposa, la senadora del Verde Ruth González Silva, sea candidata a la gubernatura el próximo año.
Ha hecho las cosas de tal manera -vía alianzas y trabajo territorial combinado con una política populista y clientelar-, que prácticamente borró a Morena y a las demás fuerzas de oposición del escenario.
Allá, la alianza Morena-Verde-PT se rompió y será el único estado en el que cada partido propondrá candidatos propios. Bueno, Morena-PT irá en bloque contra el Verde.
En Tamaulipas, el Partido Verde tiene la mira puesta en la candidatura al gobierno estatal que se renovará en 2028 y hechos como este, sin duda, le pegan en su narrativa de generar gobiernos que saben administrar recursos y mantener seguros a sus ciudadanos.
Y no es que Tamaulipas sea el estado más seguro del país, para nada. O que a Morena no se le deba adjudicar la violencia que campea en casi todo el territorio nacional, pero en esta coyuntura en la que los del Verde se quieren vender públicamente como diferentes a los demás, el asunto se vuelve importante como antecedente.
ESCOTILLA
No es por ser intrigoso, pero la versión que dio Almaraz a medios de comunicación de Coahuila, cuando le preguntaron sobre la forma en la que escapó de sus secuestradores en Zacatecas, se parece a la que en su momento dio el futbolista Alan Pulido, a días de las elecciones que perdió el PRI, en 2016.
Y claro, remite a aquellas imágenes en donde el entonces gobernador Egidio Torre Cantú apareció junto al presunto secuestrado/autorescatado para la foto de la propaganda oficialista.
En San Luis, quienes dieron seguimiento al caso desde los medios tienen otros datos.
