El proceso judicial contra Mario “N”, ex secretario de Educación de Tamaulipas no solo representa la caída de un funcionario señalado por peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
Eso también es el reflejo de un sexenio que dejó heridas abiertas en la vida política del estado y que hoy cobra factura en los tribunales. Como se esperaba, las facturas por los excesos comienzan a pagarse ahora.
El fallo condenatorio de la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas documenta un esquema irregular en la firma de un convenio con la empresa MetLife, a través del cual se desviaron más de 8 millones de pesos entre 2018 y 2022.
Ese dinero debió llegar a la Secretaría de Finanzas, pero terminó en cuentas distintas, incluidas las del propio Mario “N”, quien era no solo un alto funcionario del gobierno pasado, sino muy cercano al círculo familiar de Francisco, el exgobernador.
La audiencia de sanciones, programada para mañana 26 de agosto, definirá si el exfuncionario alcanza hasta 20 años de prisión, de acuerdo con los elementos de prueba que se analizarán.
Más allá de lo jurídico, el caso pone en entredicho al grupo político que encabezó Francisco García Cabeza de Vaca, porque mientras el exgobernador vive en Texas, fuera del alcance inmediato de la justicia mexicana, quienes fueron parte de su círculo cercano comienzan a enfrentar procesos que exhiben la forma en que se manejaron los recursos durante su administración.
El impacto no se limita al terreno legal, pues el PAN arrastra las consecuencias de ese desgaste, particularmente porque si voces fuertes y con la carencia de liderazgo, el partido se quedó entrampado entre el pasado donde Francisco e Ismael controlaban todo y la actualidad, en donde sus excesos ya les pesan.
Con Cabeza de Vaca convertido en un personaje polémico y con varios de sus excolaboradores bajo investigación, la narrativa de un partido capaz de gobernar con transparencia pierde fuerza. En Tamaulipas, la marca panista sigue ligada a los excesos del pasado reciente, lo que complica cualquier intento de recuperación política en el corto plazo.
Lo que está en juego es más que la libertad de un exsecretario: es la posibilidad de que la justicia siente un precedente en contra de la impunidad y la señal de que los tribunales ya no responden a los intereses de un solo grupo.
Si el caso de Mario “N” termina en una condena ejemplar, podría ser el inicio de una revisión más amplia que alcance a otros actores del sexenio anterior. Y en esa lista, inevitablemente, aparece el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca.
Para el PAN, el costo de la corrupción en el pasado no solo es un problema porque involucra a la cofradía cabecista, sino al propio partido, sometido a los caprichos del cabecismo que sigue enquistado en la dirigencia estatal.
Lo que sigue ahora es que las autoridades judiciales lleven el asunto hasta las últimas consecuencias para castigar los delitos cometidos por este y otros funcionarios del pasado, pero también el blanquiazul tendrá que ver cómo le hace para tratar de salir limpio de esto.
EL INFORME DE SHEINBAUM Y LAS DIFERENCIAS
La presidenta Claudia Sheinbaum dará un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno el próximo lunes 1 de septiembre, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Se espera que los datos que revele la presidenta reflejen la continuidad en los programas de gobierno que puso en marcha el compañero Andrés Manuel durante su sexenio, aunque evidentemente hay diferencias notables.
Una de ellas es en el tema de seguridad, en donde Sheinbaum ha hecho mucho más que López Obrador, cuya indolencia en el combate a los criminales ocasionó, entre otras cosas, un aumento en la impunidad y convirtió a su sexenio en el más sangriento en la historia del país.
El acto de lectura de su mensaje será posterior a la entrega del documento oficial que contendrá el informe, el cual entregará al Congreso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Este primer informe de Sheinbaum puede servir como base para pensar en el futuro de Morena como partido en el poder y en las posibilidades de que la Cuatroté consolide el modelo de gobierno planteado por el compañero Andrés Manuel.
De entrada, las diferencias con el gobierno de López Obrador son clarísimas en algunos temas, como el de la seguridad. A Sheinbaum le ha costado muchísimo romper los pactos de complicidad que se establecieron entre los grupos criminales y la administración del compañero Andrés Manuel, en perjuicio de la gente.
Hoy, con datos duros que exhiben la indolencia y complicidad del gobierno pasado con los delincuentes -los decomisos de fentanilo, destrucción de laboratorios, requisa de huachicol y combate al delito de extorsión-, sin confrontarse directamente con López Obrador, Claudia está confirmando que sí hay diferencias, aunque falta todavía combatir la corrupción de los cercanos a Andrés Manuel. Aún faltan 5 años y puede hacerlo, con voluntad política e inteligencia.
ESCOTILLA
Hace poco más de 10 días, el gobierno estadounidense anunció que sancionó a 13 empresas mexicanas dedicadas al turismo y la venta de tiempos compartidos, en Puerto Vallarta.
El fin de semana, el diario español El País reveló en un reportaje que ese rubro, el de los tiempos compartidos, algunas operaciones con bitcoin y la realización de conciertos de artistas y grupos musicales, figuran entre las nuevas modalidades de grupos criminales para lavar dinero.
En México, la atención de las autoridades estadounidenses y mexicanas está puesta en los tiempos compartidos, en el arrendamiento de propiedades privadas para el turismo y por supuesto, en la organización de conciertos.
Justamente, esa última actividad es de las preferidas para delinquir y hacer pasar por limpio, el dinero sucio. No deberá sorprender que, en numerosos estados del país, la organización de conciertos es frecuente inclusive, en ciudades en las que la economía no da para tanto. Basta con poner atención a los conciertos que se anuncian en cualquier ciudad, sin ir tan lejos.
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