La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló que San Luis Potosí es el segundo estado del país en el que los empresarios han sido víctimas de algún tipo de delito en el último año. La entidad vecina de Tamaulipas está apenas por debajo de Tabasco -estado de origen del Presidente López Obrador-, en cuanto a la incidencia delictiva en contra de los hombres de negocios, que afecta a 6 de cada 10.
El sindicato patronal tiene la plataforma Data Coparmex, que utiliza para medir diversos indicadores de desarrollo económico y bienestar, entre ellos el del tema de seguridad. En ese, San Luis Potosí es ejemplo -malo, por cierto-, para el resto de las entidades del país.
La relevancia del dato radica en que Tamaulipas comparte bastante territorio colindante con San Luis Potosí, del sur a la parte oriental, en donde los vasos comunicantes son terrestres, económicos, históricos y hasta familiares. En el estado vecino, 58.8% de los empresarios se dijo víctima de algún tipo de delito en los 12 meses recientes, una cifra bastante alta que retrata el nivel de incertidumbre en el que viven.
Lo que sucede con los vecinos se veía venir desde hace 2 sexenios, pero se agudizó el año pasado, cuando se dio el cambio de gobierno estatal. Y lo que pasa actualmente, es una advertencia para que las nuevas autoridades tamaulipecas pongan atención y eviten que al estado lo alcance esa perniciosa ola delictiva que pega a quienes son los responsables de generar empleos, coadyuvar en el desarrollo económico y contribuir a mantener la paz social: los empresarios.
Con datos duros, en este caso del sector privado, se pueden identificar factores de riesgo que si no se atienden oportuna y adecuadamente, potencialmente van a impactar negativamente los niveles de seguridad que existen en las regiones tamaulipecas limítrofes con San Luis Potosí, como la conurbación de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el polo de servicios, comercio y finanzas más importante para la Huasteca.
Se ha dicho de manera frecuente: Tampico se ha ubicado en los últimos años en el primer sitio por su mejor percepción de seguridad en México, lo que ha dado como resultado la llegada de inversiones privadas nacionales y extranjeras que ayudan a mantener el ritmo de crecimiento económico, pero el hecho de tener cercanía geográfica con una zona del estado potosino en donde las actividades criminales han aumentado de manera destacada en los últimos 12 meses, es un riesgo de descomposición social mayor.
Creo que el mal ejemplo de San Luis Potosí como entidad con niveles de inseguridad, con los índices de delitos que afectan a comerciantes pequeños, a empresarios medianos y grandes, así como la misma percepción que se proyecta desde las esferas del poder público, debería ser ya motivo de atención de quienes se van del gobierno de Tamaulipas para que no se descompongan las cosas, pero más que nada de quienes llegarán. No puede permitirse que el panorama se complique por no actuar a tiempo.
Tamaulipas es de las entidades que por lo general tienen buenos indicadores en materia de seguridad y me parece que en eso debe trabajarse conjuntamente. En ese tema, el gobernador electo Américo Villareal deberá tener todo el respaldo de la Cuatroté para, como dije, evitar que el mal ejemplo, la amarga experiencia que viven los comerciantes, prestadores de servicios, empresarios y ciudadanos potosinos se repita aquí.
LA VERSIÓN DE LOS DIPUTADOS PANISTAS
Los integrantes de la bancada panista en el Congreso local aseguran que las modificaciones hechas a diversas leyes para dar atribuciones extras a la Fiscalía General del Estado en materia de prevención y combate a la corrupción, así como a delitos de alto impacto, están dentro de lo establecido en los límites legales.
En su versión de los hechos registrados hace unas pocas semanas, los cuales han sido cuestionados por los legisladores de Morena inclusive hasta en la Suprema Corte, los diputados panistas señalan que no hay ilegalidad en las reformas aprobadas por esa mayoría, pues la propia Constitución estatal contempla que el titular del Ejecutivo se coordine con otras instituciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin menoscabo de la autonomía ni de la efectividad de cada una.
Como sea, los diputados panistas que lidera Félix “Moyo” García han insistido en que no actuaron ilegalmente, como lo dicen los morenistas y el propio gobernador electo Américo Villarreal. Y ya montados en su versión, aseguran que van a defender esas reformas con la ley en la mano. Se anticipan más batallas a partir de octubre.
ESCOTILLA
Falta que concluyan los plazos y los procedimientos legales que se iniciaron con la impugnación panista al triunfo de Américo Villarreal, pero desde ahora anoten ustedes que la siguiente batalla política entre los grupos políticos principales de Tamaulipas será en el Congreso y en el escenario público, por el esperado impulso a un cambio profundo en la actual conformación del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam). La experiencia de los ganadores durante la campaña y la necesidad de evitar que se repita en 2024 así se los exige. Ya hablaremos de esto.
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