Desde semanas antes de ser designado como Delegado Especial de Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas, Arturo Diez Gutiérrez ya estaba visitando las diferentes regiones del estado, hablando con amigos, representantes del sector privado y ciudadanos sin partido, trabajando en un proyecto que está en camino a concretarse.
La apuesta de MC en el estado es fuerte, porque quiere aprovechar la inercia que trae después de haber ganado la gubernatura de Nuevo León con Samuel García. Eso y un crecimiento en el número de sufragios en el ámbito federal le sirven de aliento a Movimiento Ciudadano para buscar ser una tercera opción.
Empresario y parte de un selecto grupo de hombres de negocios en el estado, Diez Gutierrez es ampliamente conocido en los más altos niveles de la poderosa clase empresarial del noreste del país y de la capital. Además, hace unos años fue Alcalde de Ciudad Victoria y aunque en un momento determinado hubo la oportunidad de continuar en el servicio público, decidió retornar a las actividades privadas y familiares.
Ahora, en una etapa de su vida en la que considera que está en el mejor momento para aportar sus esfuerzos, ideas y trabajo de manera más concreta desde otra posición, Arturo no descarta la posibilidad de ser eventualmente el candidato de MC al gobierno estatal en los comicios que se van a realizar en junio del próximo año.
Diez Gutiérrez ya tiene el nombramiento oficial y con él, la posibilidad de recorrer con mayor facilidad los 43 municipios del estado, en muchos de los cuales tiene amigos de años. Unos son empresarios, otros productores del campo, varios más ex compañeros de estudios y hasta ciudadanos que buscan otras opciones en el panorama electoral.
Movimiento Ciudadano ya sabe que en las elecciones, las circunstancias juegan un papel determinante y las condiciones pueden ser tan cambiantes de un día para otro, sea por causas fortuitas o porque hay acuerdos entre fuerzas políticas. Lo que sea, quieren aprovecharlo en Tamaulipas en 2022 y ahí es en donde Arturo Diez Gutiérrez tiene la mira puesta, pues muchos ya lo ven con pinta de posible candidato a la gubernatura.
En la zona ha ido armando un equipo en el que participan Elizabeth Humphrey, Daniel Dan, Gustavo Larrea y otros liderazgos que se han integrado gradualmente al proyecto.
LAS REACCIONES CONTRA EL DECRETAZO
En los tiempos que corren, la narrativa oficial se ha centrado en insistir en varios temas que se han convertido en mantras para quienes forman parte del movimiento que se autonombra cuarta transformación, lo que sea que entiendan por eso.
Una de las principales banderas enarboladas por el mismo Presidente López Obrador y muchos de sus seguidores tiene que ver con el combate a la corrupción, otra con la transparencia en el uso de los recursos públicos y en las relaciones del poder con los más diversos actores sociales, económicos y políticos. Y luego, por consiguiente, está la idea de la eliminación de la impunidad, entendida como consecuencia de la violación constante de las leyes y ordenamientos vigentes.
El asunto que llama la atención ahora es el decreto publicado la noche del lunes, mediante el cual el Presidente López Obrador dispuso que toda obra del gobierno sea considerada con carácter de seguridad nacional, lo que implica que toda la información relacionada con la asignación de contratos, pagos, diferencias en los montos, especificaciones técnicas y demás datos relacionados con cada proyecto queden reservados y no se hagan públicos. También los colocará en la esfera de influencia y control de las fuerzas armadas, del Ejército específicamente, por esa condición de ser obras estratégicas relacionadas directamente con la seguridad nacional que deben preservar a toda costa.
Ayer platicaba con un abogado y escuché numerosas opiniones de expertos en temas jurídicos que aseguran existe un enorme riesgo de que este decreto viole el derecho ciudadano de acceso a la información pública y de que con ello, el gobierno le dé un rodeo a legislaciones locales y federales para evitar cumplir con disposiciones en materia ambiental, de desarrollo urbano y de transparencia, todo con tal de que se lleven a cabo a cualquier costo los proyectos que se propongan, independientemente de si son o no viables financiera, técnica y ambientalmente. Si eso es ahora, con esa propuesta, imaginen qué vendría en uno, dos o tres años, sobre todo teniendo de su lado a un ejército económicamente fuerte y cada vez más empoderado. No es cosa menor.
Ayer mismo hubo reacciones de asociaciones de abogados, activistas sociales, partidos y legisladores de las más diversas vertientes -excepto las afines a la autollamada 4T-, que se pronunciaron en contra del referido decreto. Han dicho con preocupación que el decreto pretende atropellar los derechos ciudadanos en materia de acceso a la información y a la transparencia, algo por lo que se ha luchado durante años en México.
Además, poner bajo la esfera de control e influencia del Ejército todas las obras que le interesen al Presidente no es una buena señal, sobre todo porque en estos tres años de gobierno federal hemos visto cómo las fuerzas armadas adquieren cada vez más poder económico y asumen tareas que deberían estar haciendo los civiles, como la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, parte del Tren Maya, el reparto de combustible en pipas, vigilancia de ductos de hidrocarburos, aplicación de vacunas y edificación de sucursales bancarias, más lo que se vaya ocurriendo.
En algún momento de aquí a 2024, la sociedad civil tendrá que hacer algo para detener ese lento proceso de militarización que no es deseable en un régimen democrático.
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