El 26 de octubre pasado, en este mismo espacio, comenté que para el proceso electoral de junio, los gobiernos federal y estatal harían todo cuanto estuviera a su alcance y más allá, para tratar de ganar los comicios en los que se definirán tanto el rumbo del país para el resto del sexenio, como la sucesión en la entidad.
Y hacía notar que la visita que un día antes había hecho el Presidente López a Nuevo Laredo, daba cuenta otra vez de la relación formal, pero fría y hasta tirante que sostenía con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señalando que para las elecciones veríamos un enfrentamiento de la fuerza contra la estrategia.
Parece que las cosas van por ese camino, pues la difusión de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara de Diputados para que se proceda a pedir el desafuero del mandatario tamaulipeco, aceleró lo que ya se veía venir: el enfrentamiento ya escaló de nivel y su grado de dureza.
A García Cabeza de Vaca, la FGR lo acusa de presuntamente haber cometido tres delitos: delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez envió una tarjeta informativa al diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, quien a su vez la difundió en su cuenta de Twitter. Esto fue lo que detonó la bomba mediática y política.
De inmediato, además del revuelo mediático durante la noche, varios medios retomaron algunos reportajes hechos desde agosto del año pasado, en los que citando fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de algunas agencias estadounidenses, afirmaban que había investigaciones en marcha en contra de García Cabeza de Vaca en ambos países.
Antier mismo por la noche, el mandatario respondió en Twitter y ayer por la mañana reiteró su rechazo a las acusaciones, pero a media tarde estuvo en la Cámara de Diputados para solicitar la documentación y estar en condiciones de preparar su defensa. Nadie en ese lugar le supo dar razón de la carpeta de investigación.
Lo que ha abonado a la discusión y dará durante las siguientes semanas mucho tema para analizar, es lo que en tono duro dijo García: Se trata de una violación a la ley, a sus derechos humanos y al debido proceso. Fue más allá: Señaló directamente a Palacio Nacional (o a quien ahí reside, que es lo mismo), de instrumentar una embestida política.
Y también, ya encarrerado, advirtió que no se va a dejar y se va a defender. Que los ataques son porque no se doblegó a los intereses del gobierno federal que ha querido intervenir en asuntos del estado. Y recordó que hace semanas, su gobierno exhibió y denunció a la CFE por falsificar documentación oficial para justificar un apagón que afectó a varios estados del país.
Sin serlo explícitamente, la respuesta evidencia el rumbo que van a seguir las cosas, porque si bien, las autoridades federales pueden tener investigaciones y pruebas de las acusaciones, creo que haber elegido el momento de solicitar el procedimiento para su desafuero le resta legitimidad al acto mismo. Muchos no coinciden con esto, pero sostengo que es un error de cálculo. Se pudo haber hecho antes, para no contaminar la solicitud con la sospecha de que se trata de un interés meramente político y de revancha personal.
No se trata de defender o de presumir la inocencia del gobernador, quien para eso tiene sus defensores y un equipo de abogados, a los que seguramente está pagando muy bien. Él sabrá cómo enfrentar legalmente esto, pero el asunto aquí es que más allá de apasionamientos, de filias y fobias, hay que ver que el hecho mismo de solicitar su desafuero a un mes de iniciar las campañas, le da un fuerte tufo político a la acusación.
Quien le entienda un poco a esto de la política, sabrá que así es. Que hoy, como antes, se sigue utilizando desde los más altos niveles del poder la fuerza y la maquinaria del Estado para tratar de aplastar política y jurídicamente al adversario. Así pasó con el propio López Obrador en el gobierno de Fox, por más que jurídicamente sí hayan existido elementos para su desafuero.
De igual manera ocurrió en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, cuando literalmente le echó la caballería pesada de la Procuraduría General de la República a Ricardo Anaya, a quien a final de cuentas exoneraron de toda culpa. Y lo mismo pasó con Josefina Vázquez Mota, en tiempos de Calderón. Total, que los ciclos se repiten.
Haya o no cometido los delitos que se le imputan, García Cabeza de Vaca está en el ojo del huracán y esto puede servir para varias cosas: O la oposición partidista y fáctica a la autollamada 4T entiende que es un mensaje para todos y en consecuencia, actúa de manera concertada para frenar en las urnas el avance de un estilo de gobernar que a muchos ha dejado inconformes, o bien, el golpe seco que el Presidente está dando al gobernador de Tamaulipas a través de la FGR pone quietos a todos.
Lo que me parece más factible es que este asunto va a destapar muchas cosas en ambos bandos, que la polarización va a seguir prevaleciendo y hasta a subir de tono y que mientras esto pasa, temas tan importantes como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el sobrecosto de cancelar el NAIM, la militarización del país y el empoderamiento de grupos criminales mediante la estrategia absurda de “abrazos no balazos”, va a seguir su curso, sin que muchos lo vean. Cajas chinas, distractores o cortinas de humo, les llaman.
En resumen: Se trata de las mismas prácticas del pasado: acusar con o sin pruebas sólidas, pero sobre todo, golpear mediáticamente y usar toda la fuerza del Estado para callar, frenar o aplastar definitivamente al adversario. Si funciona, bien para quien lo hace. Pero si no (como podría ser en este caso), las cosas se van a poner peor. Y entonces sí, habrá que preguntarse si moverle al avispero sirvió de algo.
