Desde que se planteó como un mecanismo para darle legitimidad a acciones oficiales en contra de expresidentes del país, la consulta popular despertó más suspicacia que interés.
La pandemia por Covid nos mostró que la mayor parte de la población tiene cosas más importantes en las cuales ocuparse y preocuparse, que una consulta en la que el nuevo régimen pretende apoyarse para justificar procesos judiciales en contra de exfuncionarios.
Ya se ha dicho que para empezar, la aplicación de la ley no está sujeta a consulta popular alguna y sólo depende de la voluntad de las autoridades para asumir su responsabilidad de ejercer esa atribución, que por cierto es una obligación.
A pesar de que son bien identificados los personajes y políticos que tienen interés en la referida consulta, no se puede soslayar que en lo que toca a su tarea, el INE y los organismos públicos locales de cada entidad están trabajando en el ámbito de sus responsabilidades, para promover ese ejercicio democrático.
Parece que los más interesados en que la gente salga a votar el 1 de agosto en la dichosa consulta popular son el presidente López Obrador y sus más fervientes seguidores.
El principal argumento con el que se busca hacer que la gente vaya a las mesas receptoras de votos es que con eso, se va a poder juzgar a expresidentes. Sin embargo, a la gente no se le dice que eso es mentira, que el resultado de la consulta no condiciona la actuación de las autoridades para iniciar procesos judiciales contra expresidentes o funcionarios de gobiernos anteriores.
La misma pregunta que van a encontrarse en las papeletas quienes vayan a votar con un “sí” o un “no”, no habla de expresidentes, no aclara si son del PRI, del PAN o de Morena, vamos, no es precisa ni clara.
Desde ahí se nota el intento de manipulación de quienes ven, leen y escuchan a dirigentes o políticos que promueven la participación en la consulta.
Como ejercicio democrático, una consulta popular es valiosa y ayudaría a fortalecer la vida democrática del país, siempre y cuando tuviera un objetivo claro y una incidencia directa en las acciones jurídicas o políticas que se busquen.
Pero si solo busca ser un distractor de la problemática y alienta una mayor polarización no tiene utilidad alguna. Al menos, no para la mayoría.
El principal reto para quienes promueven está consulta como si fuera una graciosa concesión del nuevo régimen, es hacer que más de 30 millones de personas salgan ese día y voten.
Para eso ya se están preparando, pues numerosos observadores políticos y académicos señalan que la autollamada 4T ha pedido a Morena que active a sus operadores para llevar votantes ese día.
Eso va a ayudarles a ver cuál es su verdadera capacidad de movilización, qué tan profundo impactan en el ánimo popular esos llamados y sobre todo, ver si más allá de sus apoyadores logran el interés y respaldo de los ciudadanos.
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