El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que el viernes se presentó la demanda de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la desaparición de 109 fideicomisos.
La demanda es del Ejecutivo Estatal contra las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como del Ejecutivo Federal.
Según el Presidente López, el manejo de los recursos en esos fideicomisos se hacía de manera opaca y daba lugar a actos muchos de corrupción.
Con la desaparición de esas figuras, ordenada por el Presidente y aprobada sin chistar por los diputados de la Morena, PES, PT y Verde, sus aliados en las Cámaras, el gobierno obtendrá más de 68 mil 400 millones de pesos.
La extinción de fideicomisos implica que ya no habrá dinero para asuntos como la investigación científica y tecnológica mediante la cooperación internacional.
O para damnificados por desastres naturales como inundaciones, seguíaso heladas, porque los diputados acabaron con el Fonden.
Tampoco habrá recursos para proyectos de infraestructura, que financiaba el Fondo Metropolitano.
Mucho menos se destinarán más recursos a la Innovación Tecnológica, a la investigación ambiental ni a los deportistas de alto rendimiento.
Súmele a esa desaparición de fondos, los que antes recibían los mecanismos de protección a las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas que enfrentan riesgos derivados del ejercicio de su profesión.
Como esos, son más, muchos más los sectores que el próximo año ya no tendrán más apoyos económicos, porque el Presidente López Obrador dijo que todos, sin excepción, eran manejados sin transparencia, sin rendición efectiva de cuentas y sí, con mucha corrupción.
Inclusive, tachó de corruptos a quienes se han opuesto a la extinción de esos fideicomisos. Corruptos, así, sin matices, sin concesiones ni consideraciones acerca de la condición de quienes han lamentado esa decisión unilateral del Presidente.
Volviendo al punto de partida, la Controversia presentada por Tamaulipas se suma a las de Jalisco y Aguascalientes, entre otros estados, para demandar la restitución de los fideicomisos y evitar que sea el Ejecutivo federal quien maneje discrecionalmente esa enorme cantidad de dinero.
El tema de estas demandas fue puesto en la mesa de discusión por la Alianza Federalista, en la que participan 10 de los 32 estados del país.
La Alianza Federalista, que está en la ruta para convertirse en el contrapeso más visible y fuerte al cuasi ilimitado poder que tiene el Presidente López, ya había anunciado hace tiempo que los estados iban a recurrir a la Corte para defender el dinero de los fideicomisos, muchos de los cuales ayudaban a paliar las necesidades de la población.
Ahora, conforme se vayan acumulando las demandas de los Estados ante la Corte, los ministros tendrán la responsabilidad de analizar cada una, de actuar de acuerdo a Derecho y sobre todo, de mantener una autonomía que al menos en teoría tienen respecto al onmímodo poder presidencial.
Sí, un poder como en los viejos tiempos, los del PRI, esos a los que Morena y el Presidente tanto ccritican.
La Corte, como podrá darse cuenta, está en medio, como réferi obligado a ser imparcial en esta pugna en la que las fuerzas son desiguales, pero las reglas deben aplicar igual para todos los contendientes.
