La elección de este domingo será de un intenso color rojo sangre: En todo el proceso electoral, hasta ayer que fue el último día de las campañas, más de 30 candidatos y candidatas fueron asesinados cuando realizaban sus actividades proselitistas.
En la inmensa mayoría, los homicidios quedaron impunes y se atribuyen a una serie tan variada de posibles motivos, que terminan por causar confusión y perderse entre el burocratismo, la falta de voluntad para resolverlos y por supuesto, la enorme sensación de desamparo de los ciudadanos.
Todavía en el último día de campañas, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, Alfredo Cabrera, fue asesinado de un balazo en la cabeza, mientras caminaba al templete para dar su mensaje de cierre de campaña. Así de sencillo fue matarlo enfrente de cientos de personas, aunque el homicida también fue liquidado.
¿Qué es lo que alienta a quienes están decididos a acabar con la vida de una persona, sea candidato o ciudadano común, para hacerlo con total descaro, frialdad, desparpajo? La certeza de que quedarán impunes.
En un país en el que matar candidatos y candidatas se ha vuelto algo tan habitual, el mensaje que desde el poder se envía a los ciudadanos es tan atemorizante como escandaloso: Se puede matar a cualquiera sin que haya un castigo por ello porque nadie hará lo necesario para aplicar la ley.
Prueba de eso son los más de 188 mil homicidios dolosos que se han registrado en México, más del doble de los reportados en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo.
Y vaya que en ese gobierno sí se llevó a cabo una lucha frontal contra organizaciones criminales, a diferencia de ahora que los abrazos se reparten generosamente a los delincuentes.
A diferencia de cuando el PRI dominaba totalmente las esferas del poder, cuando se llegaba al día de las elecciones con la sospecha de inminentes fraudes electorales, ahora podemos afirmar que estamos en la antesala de una elección manchada por la sangre, por la muerte, por la inseguridad.
Aspirantes hombres y mujeres, del oficialismo, pero especialmente opositores al régimen son quienes más están en la lista de asesinados. Eso, sin contar quienes han sido agredidos y resultaron lesionados, como los integrantes del equipo del candidato a la Alcaldía de Jiménez, en Tamaulipas, esta semana.
Por doquier hay casos similares, a donde se vea hay temor e indignación. En cualquier parte del país se conocen historias de terror, como las que se vivieron en Tamaulipas en el sexenio de un individuo que hace meses salió de la cárcel y ahora quiere llegar al Senado, por ejemplo.
El trabajo honesto y legítimo de muchas candidatas y candidatos queda comprometido por la mancha de la sospecha de que en la elección del domingo, desde donde se tiene que garantizar el Estado de Derecho, la tranquilidad de los ciudadanos para ejercer el voto y la responsabilidad de elegir a sus gobernantes, no se hará nada por cumplir eso.
El color de la elección del domingo, independientemente del resultado, es el rojo, el color de la sangre de los candidatos y candidatas muertos, de los y las heridos, de las y los amenazados. Es el color de la indignación ante el cinismo de la inacción cómplice de quienes son los encargados de combatir la criminalidad.
En el actual oficialismo hay muchas voces que durante años criticaron al gobierno de Salinas por la violencia que se ejercía desde el poder contra los opositores. La cuota de muertos por cuestiones políticas las pagó el PRD en ese tiempo.
Ahora, las voces oficialistas que tanto señalaron de indolencia criminal a Salinas, callan ante la repetición del escenario que vemos en estos días de campaña: El asesinato impune de aspirantes, sí de varios partidos, pero sobre todo de la oposición.
Lo vimos hace 14 años en Tamaulipas, cuando durante el sexenio de “El Geño” mataron al candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, a las puertas de la capital. Los responsables jamás fueron identificados y por supuesto, procesados.
Lo vimos también hace menos de un mes, cuando en El Mante mataron al candidato puntero en las encuestas, Noe Ramos Ferrétiz, abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD.
Lo vimos ayer en Matamoros, en donde la candidata panista a la Alcaldía suspendió su acto de cierre de campaña por las presuntas amenazas al cantante de narco corridos contratado para amenizar el evento.
Y bueno, la misma dirigencia estatal de Morena ha confirmado que la situación en Nuevo Laredo también es complicada en el tema de seguridad, algo que podría golpear las estimaciones de la afluencia de gente a las urnas el domingo.
Como decía, por todos lados y en todos los rincones del país se da este fenómeno, algo que se ha agudizado en el sexenio que reparte abrazos a los delincuentes, en vez de aplicarles la ley.
La situación que enfrentan los mexicanos en Chiapas es igual que en Veracruz, en San Luis, en Sinaloa, en Chihuahua o en Guanajuato. En Zacatecas, Tamaulipas o Guerrero. En Morelos, Puebla o Michoacán, por donde se quieran ver las cosas, todo está mal.
Los candidatos muertos y agredidos a balazos o con amenazas abundan en México.
En ningún proceso electoral anterior -ni siquiera con el PRI-, se vio tanto cinismo al atacar a uno de ellos a pleno día, con la tranquilidad que da el saberse impune.
No hay un antecedente y la única explicación es esa: ¿Por qué sucede? Porque no hay ley que valga para ellos, porque en vez de que el Estado mexicano ejerza el monopolio de la fuerza que tiene en exclusividad para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, prefirió la condenable inacción, la cómplice indolencia o la consciente conveniencia de convivir con los poderes fácticos al margen de la legalidad.
Ojalá cada ciudadano recuerde esto y haga un repaso de lo vivido en su comunidad, su colonia, su ciudad, su estado, en estos años de auge de la delincuencia.
Es de suma importancia decidir si se quiere profundizar en ese camino o se corre el riesgo de intentar transitar por uno diferente.
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