Dos hechos que se suscitaron ayer, dieron una nueva dinámica a la batalla legal y pública por el poder en Tamaulipas, lo que incidir en un rumbo diferente de la transición, que no será tersa ni fácil.
A menos de un mes de haber ganado los comicios para la gubernatura, a Américo Villarreal Anaya se le colocan obstáculos desde el Legislativo, que parece será el último reducto panista en los próximos meses del gobierno de la Cuatroté en Tamaulipas.
Por un lado, fue esa acción generada en el Congreso y por el otro, una respuesta que ya se había anticipado e inclusive le comenté en este espacio hace unos días: La inminente incorporación de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), responsable de las acusaciones en contra del aún gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que derivaron en su desafuero el año pasado.
Como se ven las cosas, el período de transición no será terso porque ya se asoman indicios de que el proceso de entrega-recepción será ríspido y no descarte usted que haya señalamientos anticipados de posibles inconsistencias.
Ayer, Américo hizo oficial el anuncio de que Nieto y su equipo legal le asesorarán en el proceso de entrega-recepción y dará seguimiento a las acciones de los legisladores panistas en el Congreso. La lectura es simple, pues Américo quiere mostrar el músculo desde ahora, quiere dejar claro que no piensa ceder ante presiones y que espera detectar cualquier indicio de eventuales anomalías, por más pequeñas que sean.
Como se sabe, el asunto tiene también un cariz político y un mensaje duro: Por el antecedente, la relación personal e institucional del aún gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de Santiago Nieto no es buena, es pésima. Ambos han cruzado acusaciones fuertes y mantienen el enfrentamiento público y eso nos asegura que el proceso de transición, como decía antes, no será lo tranquilo que debería ser.
Pero vamos por partes, porque también la decisión de la mayoría de diputados panistas en el Congreso para modificar algunas normas legales que impactan directamente en la decisión del nuevo gobierno, sobre todo en la facultad para designar a quien sea el nuevo Gerente General de la Comapa Zona Conurbada.
Claro, la medida provocó reclamos entre los morenistas, quienes insistieron en que los cambios impulsados y aprobados por la mayoría panista constituyen violaciones a las Constitución local y federal, en cuanto a la atribución de los municipios para operar los sistemas de agua potable y garantizar el abasto de la población.
En los hechos, lo que hicieron los diputados panistas fue colocar un candado para que el nuevo gobernador no tenga la facilidad de nombrar a un Gerente que cuente con su confianza -en primer lugar- y que a pesar de que posea experiencia amplia en el campo, no pueda hacer un trabajo de acuerdo con los lineamientos de la administración entrante.
Cada cambio de sexenio, el gobernador en turno acostumbra nombrar al Gerente General de la Comapa Zona Conurbada una de las más grandes del estado por el número de usuarios y por la complejidad de los sistemas de abasto de agua, tratamiento y drenaje sanitario. Esa ha sido tradicionalmente una facultad del gobernador, contemplada en la ley, ayer modificada a contentillo por la fracción panista.
La Comapa Zona Conurbada es un ente que depende de la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas (CEAT). Atiende las necesidades de abasto de agua potable de decenas de miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales de Tampico y Ciudad Madero. Opera dos plantas de tratamiento de aguas residuales y una potabilizadora, además de varias instalaciones como cárcamos y otra infraestructura complementaria.
Financieramente, es un organismo sumamente atractivo por la cantidad de recursos que maneja. Su presupuesto es bastante grande y aunque en teoría existe un Consejo de Administración que es el máximo órgano de autoridad, en la práctica los ciudadanos no saben cuánto ingresa, cuánto se tiene de pasivo, en qué se gasta, y cuánto cuesta mantener una considerable plantilla de personal “de confianza” que en cada cambio llega a engrosar las filas burocráticas de la Comapa.
El decreto enviado por el Ejecutivo y aprobado por los diputados panistas ata de manos al gobernador electo Américo Villarreal y prácticamente le obliga a mantener en el cargo a un funcionario heredado del cabecismo, pues el Gerente Jorge Rivera Schotte fue removido sin más y en su lugar quedó el Jefe de Proyectos Estratégicos, Gabriel Guerra Turrubiates. Lo más malo no es que los diputados panistas hayan permitido modificar la ley para que un abogado se haga cargo del organismo operador de las redes de agua potable y drenaje de Tampico y Madero, a pesar de no tener experiencia técnica ni operativa.
Lo grave, gravísimo para los decenas de miles de usuarios tampoco es que Guerra Turrubiates represente otra cara de la misma moneda, del mismo equipo que llegó a Comapa de la mano del senador Ismael García Cabeza de Vaca, sino que no reúne el perfil técnico que exige la ley para ese cargo. ¿Cómo es posible?
Por la formación profesional del nuevo Gerente en funciones de la Comapa, no se entiende que haya sido designado por el Ejecutivo para el cargo si se busca eficiencia en el funcionamiento del organismo: Guerra es un abogado, con maestría en Ciencias Políticas. Su carrera ha estado ligada al PRI desde tiempos de Guadalupe González Galván y después, un par de años en una institución educativa como publirrelacionista. De agua solo sabe que sale de un grifo.
Eso sí, con Jorge Rivera Schotte se convirtió en el segundo al mando, desplazando a jefes de departamento y coordinadores, de quienes asumió funciones que estaban fuera de su área. Era confidente cercanísimo, operador político, publirrelacionista, guardián de su imagen-“que no se vea robusto en las fotos”, pedía- y también otras cosas, pero de abasto, tratamiento y manejo de agua potable, ninguna experiencia. Eso puede ser grave si en los siguientes 3 meses o más, muestra impericia en el manejo financiero y operativo del organismo.
En fin, su nombramiento parece ser más algo eventual hasta que el gobernador electo encuentre la manera de desatar el nudo legal, pero mientras tanto, le dejan manos libres al abogado para limpiar lo que haya que limpiar antes del cambio de gobierno.
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