Más de medio millón de personas contagiadas y cerca de 135 mil muertos, son apenas dos cifras que retratan el tamaño de la inoperantes de las autoridades y, al mismo tiempo, del miedo de los mexicanos.
Desde que se inició la pandemia hace casi un año, el problema de salud pública ha ido creciendo de manera exponencial en cuanto a la cantidad de ciudadanos afectados por el Covid-19, las empresas que han tenido que cerrar y la pérdida de empleos formales derivada de la crisis económica.
Prácticamente todos conocemos a algún vecino, amigo o familiar que ha sufrido los efectos sociales, económicos y personales de la pandemia, como la pérdida de seres queridos o de su propio empleo.
Lo que hace meses parecía una situación temporal y que las autoridades federales se empeñaron en calificar como no grave, con el tiempo se manifestó como una situación sumamente preocupante por los alcances sociales, económicos y hasta políticos en México.
Todos los días, a la par con las cifras alegres de la Secretaría de Salud federal, la realidad se topa con los números que difieren de lo dado a conocer en el discurso oficial y retratan la urgencia de que haya un entendimiento de la gravedad de estas cosas.
No se trata solamente de cómo desde el Gobierno central se delinea una estrategia que pretende aplicar las vacunas contra el Covid durante los meses previos a la elección federal y la renovación de 15 gubernaturas, en donde el partido del Presidente y sus aliados quieren reafirmar su hegemonía para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, apoderarse mediante el voto de gobiernos estatales y Ayuntamientos para consolidar el proyecto de la autollamada 4T.
La confrontación de una decena de gobernadores agrupados en la Alianza Federalista con el Gobierno del Presidente López por diversos temas presupuestales, de seguridad y de trato fiscal, se ha ampliado ahora a los asuntos energéticos y de salud, con el cuestionamiento de los mandatarios a los criterios que se van a aplicar para la distribución de las vacunas contra el Covid.
La pérdida de empleos formales, el aumento de la informalidad, el incremento en el número de familias en condiciones de pobreza, el crecimiento de los índices delincuenciales tanto de delitos del fuero común común del federal, además de los números diarios que confirman el avance irrefrenable del Covid, son parte de las cifras del miedo que preocupan lo mismo a pequeños, medianos y grandes empresarios que a profesionistas, amas de casa estudiantes y ciudadanos en general.
Ellos tienen que voltear a cualquier lado para tratar de encontrar ayuda a la situación que enfrentan, pues se dan cuenta que desde el Gobierno Federal en lugar de enfocarse en atender el problema y sus derivaciones, se prefiere alentar la polarización social, dividir a rajatabla entre buenos y malos, promover distractores de lo que realmente es prioritario y encender la hoguera en la que se quema pública y mediáticamente a quienes disienten del discurso oficial.
No son solamente los informes que de manera desfasada se dan a conocer todos los días sobre los casos confirmados de Covid, los muertos o los sospechosos lo que da temor, sino las cifras que muestran el tamaño de la indolencia, de la insensibilidad y del sentido oportunista para aprovecharse de la pandemia en un proceso electoral crucial para el oficialismo y la oposición.
Y mientras eso sucede en el país, en el contexto estatal las autoridades han decidido prolongar al menos hasta el 31 de marzo las condiciones de prevención, restricción de actividades productivas y en general, medidas que buscan evitar la concentración de personas, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya más contagios del virus entre la población.
