Hace poco más de un mes, Jorge Espino Ascanio, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), entregó al Congreso un paquete con documentos de algunas de las cuentas públicas aprobadas en la anterior Legislatura local, que estaban siendo requeridas por los diputados de Morena. Fueron menos de una tercera parte del total.
Espino Ascanio ha estado en el centro de una disputa política que tiene como argumento principal la necesidad de que se vaya, para que el Congreso nombre a un funcionario que no represente los intereses del gobierno panista que terminó hace más de un año.
Jurídicamente, las batallas emprendidas por la fracción morenista han sido infructuosas, pues no pudieron obligarlo a salir ni a entregar toda la información de cuentas públicas de Ayuntamientos, del gobierno estatal y de organismos descentralizados durante el sexenio cabecista.
Hoy, a semanas de que termine legalmente el período para el que fue electo, el Auditor Superior tiene pendientes todavía varios asuntos, entre ellos la entrega de información correspondiente a más de un centenar de cuentas públicas, que para los diputados morenistas representa una oportunidad de aprovechar en la próxima campaña electoral. Ya sabe, lo de siempre, con cualquier partido en el poder.
Aunque siguen esperando que el funcionario cumpla con las peticiones y hasta requerimientos legales que le han hecho los diputados morenistas que son mayoría en la Junta de Gobierno, Espino Ascanio les ha dado la vuelta jurídicamente. No han podido doblegarlo y eso, en política, dice mucho de la capacidad del equipo legal del Congreso.
Un nuevo capítulo en este enfrentamiento político y legal entre la fracción morenista y el titular de la ASE es el empecinamiento del grupo que controla el órgano de gobierno del Congreso en forzar desde ahora la salida de Espino, pues se hicieron modificaciones a la ley hace unas semanas para nombrar a un encargado del período de transición o entrega recepción hasta 40 días antes de que termine el plazo del encargo del Auditor.
El fondo del asunto, como les decía, es que los morenistas que controlan la Junta de Gobierno quieren la información de las cuentas públicas más que para revisar que todo esté en orden, para utilizarla durante las próximas campañas. Hay que recordar que varios diputados y diputadas locales quieren ser candidatos a las Alcaldías, al Congreso local y al federal.
Contar con datos precisos sobre el manejo financiero en Ayuntamientos, en el gobierno anterior y en organismos descentralizados que involucren a uno o varios aspirantes o que puedan generar una percepción de sospecha sobre la actuación de Alcaldes salientes o actuales, será fundamental para que el rumbo de las campañas cambie, especialmente en los municipios en donde los aspirantes morenistas tengan más difícil el panorama de competencia.
Pero también está, por supuesto, el genuino interés por saber cómo es que la cofradía cabecista manejó el dinero público durante el sexenio que terminó y saber si se incurrió en más anomalías que puedan comprobarse, para ampliar el número de acciones legales que ya se iniciaron el año pasado.
Lo más interesante de todo es que, aunque a partir del 15 de enero que se reinician las actividades legislativas, los morenistas logren forzar la salida anticipada del auditor Espino y promover a uno de sus afines, el mensaje es que con todo el equipo legal a su disposición, los representantes de la Junta de Gobierno del Congreso no han podido someter al funcionario.
Sea por falta de capacidad, por ignorancia de las leyes o por simple torpeza al plantear jurídicamente las motivaciones que son políticas en el fondo, el punto es que Espino Ascanio ha sido el principal escollo para lograr ese objetivo de los morenistas.
No han podido con él ni con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pese a los reiterados intentos y los argumentos legales.
Independientemente de si existe razón jurídica y justificación moral genuina, la forma en que se han hecho las cosas exhibe a un Congreso -mejor dicho, a una fracción morenista-, incapaz de cumplir con una responsabilidad política básica con la Cuatroté.
Y ahí es en donde surgen las preguntas inevitables: Si alguien en el Congreso, con poder de decisión y responsabilidad política para acompañar al gobierno estatal en ciertas decisiones no puede lograr algo tan sencillo, ¿cómo esperar que se le brinde la oportunidad de tener otras tareas? No hay manera sensata de entenderlo.
Así pues, con todo el embrollo legal y las escaramuzas verbales y jurídicas que se han visto entre el Auditor Superior y la fracción morenista en el Congreso, lo único que queda esperar es que el funcionario termine su período el próximo mes y mientras tanto, pensar en que sea hasta después cuando se vayan conociendo detalles de las cuentas públicas aprobadas en la pasada Legislatura y pendientes de entregar.
Por lo pronto, a los encargados de promover la salida de Espino de la ASE se les puede considerar fracasados. Guste o no, los hechos ahí están.
Igualmente es inevitable repasar los nombres de los y las diputados morenistas que fueron incapaces de lograr -como querían- la salida del titular de la UIFE y la del Auditor, para darse una idea de cuánto más les puede confiar la Cuatroté en Tamaulipas.
ESCOTILLA
Entre las cuentas públicas de organismos descentralizados que falta por conocer en el Congreso están sin duda, las correspondientes a la entonces llamada Comapa Zona Conurbada, ahora Comapa Sur.
Durante las gestiones administrativas de Jorge Rivera Schotte y Gabriel Alejandro Guerra Turrubiates se detectaron algunos movimientos que para la Contraloría estatal fueron sospechosos, por decir lo menos.
seguramente en los documentos que contienen las cuentas públicas, hay detalles que pueden confirmar algunas cosas verdaderamente escandalosas en cuanto al manejo de los recursos públicos en los últimos tres años del gobierno cabecista en ese organismo.
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