La narrativa oficial nos plantea un México muy diferente al que nos muestra la realidad.
Más que las cuentas alegres que celebran una transformación ausente en el terreno de la seguridad, lo que organizaciones de la sociedad civil y académicas hacen para ir midiendo indicadores que influyen en la vida social, política y económica del país, es algo muy valioso que sirve para evaluar los avances, detectar rezagos y encontrar áreas de oportunidad que ayuden a mejorar.
Justo ayer leí una encuesta elaborada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), citada por la revista Expansión, en la que se reveló que a raíz de las crisis sanitaria y económica, 10.6 millones de personas entraron en situación de pobreza en México y 9.2 millones en pobreza extrema, de mayo del año pasado a marzo de este.
El crecimiento del número de familias en condición de pobreza y pobreza extrema, denota el fracaso de la estrategia federal implementada para combatir este grave problema social.
Para ser un gobierno que se autonombra como defensor de los desprotegidos, los resultados de la gestión de programas sociales enfocados en atender a esta gran capa de la población son pobres en los últimos tres años.
No es todo: Al crecimiento en el número de pobres en el último año hay que sumarle los problemas derivados de la violencia irrefrenable.
Mire usted estas cifras: De 2018 a la fecha, se reportan en México más de 87 mil homicidios dolosos. Es una cantidad que a los del discurso oficialista puede parecer justificable con el argumento de que es una consecuencia de lo que dogmáticamente llaman “la guerra de Calderón”, a partir de que el entonces Presidente decidiera emprender una lucha frontal contra grupos del crimen organizado.
Desde 2006, el país vivió años violentos por la acción de las autoridades y la reacción de los criminales. Hubo muchos muertos y eso sirvió de base para construir una narrativa que grupos de intelectuales identificados con la izquierda, medios simpatizantes de López Obrador y el mismo eterno candidato utilizaron para permear en la sociedad la idea de que el sexenio de Calderón fue un baño de sangre para México. También, ayudó para enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción, especialmente por la real o supuesta infiltración del crimen en instituciones encargadas de combatirlo.
Por ser un asunto al que debían referirse como algo políticamente correcto, el tema fue de amplía difusión y se aprovechó para que políticos de oposición al gobierno panista ocuparan los espacios mediáticos para insistir en ello.
La realidad es otra, muy distinta, según los datos que esta semana dio a conocer la consultora TResearch, que viene midiendo constantemente el índice de homicidios dolosos en el país bajo la recopilación llamada “La Guerra en Números”.
Frente a la cantidad de muertos por causas violentas en el México actual, las cifras de homicidios en el sexenio de Calderón palidecen. Es más, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue más sangriento que el del panista, tuvo menos asesinatos.
Midiendo los primeros 3 años de los gobiernos de Calderón, Peña y López Obrador, las cifras son dispares y ponen el énfasis en el uso maniqueo del discurso oficial actual.
Veamos: Con Felipe Calderón, de 2007 a 2009, en México se reportaron 39 mil 526 homicidios; con Peña Nieto, de 2013 a 2015 hubo 51 mil 512 muertes violentas y de 2018 a lo que llevamos de 2021, en el gobierno de López Obrador la cifra es de 87 mil asesinatos.
El comparativo de TResearch también muestra de manera interesante que en esos períodos medidos, las cifras indican que vivimos la primera parte más, mucho más violenta que el inicio de cualquiera de los últimos sexenios. Comparado con Calderón, el gobierno de Andrés Manuel suma más del doble de homicidios dolosos por año y en relación con el de Peña, las cantidades también son sustancialmente mayores.
¿A qué se debe esta disparidad escandalosa que el grupo en el poder soslaya y hasta prefiere ocultar? La causa puede ser multifactorial, pero indiscutiblemente el principal motivo es la absurda y errónea estrategia en materia de seguridad pública del gobierno, de ofrecer abrazos en vez de aplicar la ley a los criminales.
Eso los ha envalentonado y ayudado a crecer en sus actividades delictivas que derivan en hechos violentos.
Esa política condescendiente de no combatir a los criminales se torna en indolencia y en permisividad que de facto, viola la ley desde el poder mismo.
Es una suerte de tolerancia que, si se revisa bien y con objetividad rigurosa, no es otra cosa que complicidad pura por omisión. Esa es la verdadera raíz del problema, que no se quiere atacar.
