Lo que están por enfrentar miles de burócratas federales con el gobierno de la Cuatroté debería tener tenerlos más que preocupados, indignados. Eso, sin contar con que en las diferentes esferas de la administración tendrán que hacer algo para que el impacto negativo de esa decisión no les afecte en las estimaciones electorales del próximo año.
Hace días, el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la estructura de la administración federal que en sustancia propone desaparecer o fusionar 18 dependencias, direcciones y organismos lo mismo desconcentrados que descentralizados.
Obviamente, de aprobarse -como seguramente sucederá con el voto de los diputados de Morena- PT y Verde-, miles de trabajadores del gobierno federal quedarán en el desempleo, se les ofrecerá una reubicación y quizá hasta un ajuste en sus tareas y el fin de su carrera profesional en el servicio público.
El principal argumento de Andrés Manuel es que con esto se lograría una simplificación administrativa, se eliminarían duplicidades y se ahorraría mucho dinero que puede utilizarse en acciones y programas asistenciales para “el pueblo bueno y sabio”.
En esencia se trata de un severo recorte a la burocracia que hace cinco años se cargó en su favor para que lograra llegar a la Presidencia de la República. Miles de personas que tienen años laborando en dependencias tendrán que acatar la decisión de los legisladores de la Cuatroté y sus afines que los echará a la calle en un momento en el que la economía de muchos de ellos sigue siendo maltrecha después de tres años de pandemia.
Además del impacto económico por la pérdida de los empleos de quienes serán despedidos porque sus funciones serán absorbidas por otros, lo preocupante es que Andrés Manuel propone eliminar 18 organismos públicos, varios de los cuales sí tienen una notable importancia en la vida pública del país y en particular, como garantes de la transparencia y honestidad en el uso de los recursos públicos.
Una de las instituciones que el Presidente quiere desaparecer es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, un sinsentido que además, abona a la desconfianza sobre la actuación de Andrés Manuel, sus familiares y cercanos, porque justamente su principal andera en la búsqueda de la Presidencia de la República en 2018 fueron las denuncias, las promesas del combate, la erradicación y castigo a la corrupción en todas sus formas y niveles.
Pero no es todo: Dos sectores poblacionales que forman parte de la estructura de apoyo popular a su proyecto, como son los jóvenes y los adultos mayores, también serán desatendidos como hasta ahora, con las instituciones encargadas de darle seguimiento a las políticas públicas de cuidado, protección y respaldo, ya que Andrés Manuel quiere desaparecer el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Instituto Mexicano de la Juventud, sin olvidar que quiere hacer lo mismo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Claro que la justificación que esgrime Andrés Manuel es que no se trata de desaparición, sino de fusión para optimizar el funcionamiento de esos organismos, y que algunos pasarán de la esfera de responsabilidad de algunas dependencias a otras, pero cambiando de instituciones con cierta estructura administrativa a meras direcciones con menos personal y recursos. Para la las finanzas nacionales pueden ser una buena noticia, si en verdad se ahorra dinero y se destina a lo que se necesita, pero para la burocracia es una mala señal.
La pretensión de Andrés Manuel es fusionar o eliminar otras instituciones además de las mencionadas como el Fideicomiso Fondo Minero y se conviertan en oficinas administrativas, mediante su eliminación como órganos desconcentrados y descentralizados la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y el Instituto Nacional de la Economía Social.
No es la primera ocasión que Andrés Manuel hace cambios a las leyes para poder reducir el tamaño de la burocracia, bajo un criterio que es, por decirlo de manera aceptable, muy singular. Eso de pensar en encabezar un gobierno con base en criterios alusivos a la pobreza franciscana, algo que él entiende como algo casi místico con lo que se va a combatir eficazmente la corrupción y el dispendio. Cada quien es libre de pensar y creer que está en lo correcto, claro, aunque no sea así.
Y como antes, con las anteriores reducciones -en plena pandemia-, miles de burócratas federales fueron echados a la calle o confinados en oficinas con menor presupuesto y peores resultados. Ahora, el fantasma del desempleo, de la ruptura de la relación de los trabajadores al servicio del Estado mexicano y del Presidente parece estar en su fase final, si es que la Cuatrote no hace algo por enmendar la situación que se es vendrá encima la víspera del inicio del proceso electoral en el tercer trimestre del año.
LA RABIETA DE ISMAEL
El senador Ismael García Cabeza de Vaca hizo ayer una rabieta, sin reparar en el cinismo que implica su actitud.
Como si su hermano Francisco y él todavía gozaran del poder en el Congreso, el senador de minoría quiso exigirle a los diputados que revise la posibilidad de que no cancele el gasto de un millón 100 mil pesos para cubrir el costo mensual de los escoltas que cuidan al ex gobernador y su familia.
El tema es bastante más que interesante y merece ser abordado con amplitud. Mañana les cuento más.
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