La detención en Monterrey del llamado líder de la autonombrada Columna Cívica “Pedro José Méndez”, Octavio Leal Moncada, generó una serie de acciones de protesta de sus seguidores, entre ellas el bloqueo de la carretera federal Victoria-Monterrey durante varias horas, afectando el tránsito de vehículos particulares, de pasaje y carga, con las consecuentes pérdidas económicas multimillonarias.
También ocasionó una movilización de integrantes de ese grupo identificado por autoridades federales como autodefensas, aunque hay quienes le dan otra connotación, por el férreo control que ejerce en varios municipios colindantes con Nuevo León, como Hidalgo y Villagrán. Leal es acusado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de varios probables delitos, entre ellos el de homicidio calificado, por lo cual fue aprehendido en la capital neoleonesa el martes. Días antes de las elecciones se había intentado su captura pero logró evadirse.
Las autoridades tamaulipecas pudieron ubicarlo en Monterrey y con el apoyo de la Fiscalía de Nuevo León lo detuvieron para iniciar el proceso legal correspondiente. Eso, además, motivó a un grupo de sus seguidores a movilizarse a Ciudad Victoria en varios vehículos, con el objetivo de protestar en oficinas públicas por lo que consideran una acción ilegal del gobierno.
Es comprensible el clima social de crispación entre los habitantes de los municipios bajo control de ese grupo, porque tienen la certeza de que las Fiscalía Estatal actuó excediendo sus atribuciones y hasta aseguran que tiene un cariz político. La realidad es que la detención se originó atendiendo una denuncia y siguiendo un procedimiento legal que terminó en la entrega de la orden de aprehensión correspondiente.
Puede o no gustar la decisión del quien obsequió el mandato judicial de la detención, puede o no parecer correcta la actuación de la autoridad ministerial. Pueden inclusive, considerarse que se trató de una acción motivada por el interés político, pero lo que no puede negarse es que se trata de la culminación de una etapa de un proceso que va a seguir en las instancias jurídicas.
La ley es así, clara y como tal debe aplicarse: Si hay alguien que la rompa, debe responder en un juicio que le garantice el derecho de audiencia y de defensa adecuada para escuchar sus alegatos. Habrá muchos a quienes no agrade, pero así es y así debe ser.
Porque para poner orden y mantener la tranquilidad de la mayoría se tiene que hacer lo necesario y eso implica hacer valer la ley con toda la fuerza del Estado. Así son las reglas en una sociedad que aspire a vivir en un entorno de seguridad, tranquilidad y respeto a las garantías básicas de los ciudadanos.
Ya a los defensores y a los representantes de la Fiscalía les tocará la tarea de demostrar la solidez de las pruebas que sustenten las acusaciones o la evidencia de que son argumentos que no justifican la detención. En su momento se tendrá que aclarar si fue un abuso o si en cambio fue una acción necesaria.
Insisto, puede o no gustar a todos -sobre todo a los afectados y sus cercanos-, pero es la ley. Preferible mil veces aplicarla que repartir abrazos que solamente llevan al caos, la impunidad y la violencia.
LA CRUZADA DE CARLOS FERNÁNDEZ
Desde que se confirmó que Carlos Fernández Altamirano sería candidato a una diputación local por las dos vías representando a Ciudad Madero en las elecciones del año pasado, se supo que formaba parte de un grupo de nuevos valores que se estaban impulsando en el PAN tamaulipeco para promover el surgimiento de cuadros frescos.
Carlos venía de un exitoso desempeño al frente del Instituto del Deporte Tamaulipas, la dependencia encargada de diseñar programas y promover el desarrollo de talentos deportivos entre la niñez y juventud estatal. En el período que duró al frente de la institución, el maderense logró que la entidad se colocara en los primeros sitios de reconocimiento a la calidad de sus deportistas a nivel nacional.
El joven llegó al Congreso por su posición en la lista plurinominal y si bien tenía su pase asegurado, hizo una intensa campaña, fue el único que presentó una serie de propuestas estructuradas en tres ejes: legislación, gestión y promoción de acciones de desarrollo. En el Legislativo de inmediato se convirtió en un personaje importante en la bancada panista. Ha tenido intervenciones en tribuna y en apariciones que se han hecho en la Cámara de Senadores, defendiendo las decisiones del Congreso ante la embestida morenista contra Francisco, el aún gobernador.
Pero ahora, Fernández Altamirano está en el centro de una estrategia de Morena y de algunos de sus diputados que quieren hacerlo blanco de ataques a su desempeño en el gobierno estatal. Con base en una denuncia periodística, sus adversarios acudieron a la Fiscalía General de la República y pidieron se le investigue por el uso de recursos públicos que presumen desviados, aunque la Contraloría y el propio Congreso ya aprobaron sin contratiempos hace unos años, esos ejercicios presupuestales.
Según lo ha dicho reiteradamente el joven diputado, las acusaciones no tienen sustento y buscan más ser algo meramente propagandístico, porque a diferencia de la mayoría de los diputados morenistas y panistas, él viene del servicio público pero su desempeño ya fue evaluado en su momento. Es, en sus palabras, una estratagema para buscar dañarlo como inevitable competidor en Ciudad Madero y además, distraer la atención de los escándalos protagonizados por los legisladores morenistas en el Congreso.
El caso es que al margen del rumbo que tome esa denuncia, de acuerdo con la solidez de las pruebas que en su momento deban presentar las partes interesadas, Carlos Fernández está ahora en medio de una cruzada que tiene como objetivo, en primer lugar, dejar constancia de que su paso por el servicio público está fuera de toda duda. Después, demostrar que los ataques a su persona forman parte de un plan para querer descarrilarlo de la carrera por la renovación de la Alcaldía maderense en el no tan lejano 2024, algo que por el entorno, las circunstancias y lo que hemos visto, parece pintado para que Acción Nacional recupere en su momento.
¿Qué sigue? Pues seguramente mantener su posición, continuar con su labor en el Congreso y aprovechar el receso ahora que concluyeron las actividades legislativas para enfocarse en su propuesta de trabajar en las gestiones de apoyos y acciones en beneficio de los maderenses, tal como lo ofreció en su campaña.
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