Hace un año, el gobierno del compañero Andrés Manuel concretó el traspaso de seis hospitales públicos que operó durante más de dos décadas el gobierno de Tamaulipas e integró estas unidades a la red IMSS-Bienestar, que sustituyó al fracasado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado en la administración federal pasada.
Cuando se aprobó la reforma que dio lugar al IMSS-Bienestar tras la desaparición del Insabi, numerosas unidades médicas del país pasaron a manos del nuevo sistema que pretende -en teoría- proporcionar servicios de salud a la población no derechohabiente del IMSS, ISSSTE e instituciones de las fuerzas armadas.
Hasta ahí, todo parecía ir medianamente bien, pues el problema de abasto de medicamentos, suficiencia de equipos y personal es algo crónico en el sistema de salud público, independientemente del partido que gobierne.
Esta semana, en Tampico, una manifestación de familiares de personas que padecen cáncer, recordó la realidad que viven miles de mexicanos ante la falta de respuesta de las autoridades del sector salud.
La crisis sanitaria que atraviesa el Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco” ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando una negligencia que raya en lo criminal por parte de las autoridades del IMSS-Bienestar, que depende, sí, del gobierno federal.
De acuerdo con la denuncia pública de quienes se manifestaron afuera del hospital, más de 100 pacientes con cáncer se encuentran sin tratamiento debido a la escasez de medicamentos esenciales, una situación que ya ha cobrado la vida de al menos dos personas que murieron esperando su medicación.
La desesperación de los pacientes y sus familias se hizo palpable cuando denunciaron que, debido a la irresponsabilidad de los encargados de la operación del sistema IMSS-Bienestar, en el hospital “Dr. Carlos Canseco” se carece de fármacos para que los enfermos continúen sus tratamientos contra el cáncer y que, quienes desean hacerlo, se enfrentan al problema de tener que comprarlos.
El alto costo de las medicinas que requieren ronda entre los 40 y los 140 mil pesos, e incluso llega hasta los 200 mil, algo prácticamente insostenible para quienes acuden a los hospitales públicos como el “Canseco”, debido a que no cuentan con la cobertura del IMSS o ISSSTE.
Esta crisis no es nueva. Durante el gobierno de López Obrador, el desabasto de medicamentos oncológicos fue una constante que generó múltiples protestas a nivel nacional.
Con el cambio de administración federal, lejos de resolverse, la problemática parece haberse agudizado, dejando en evidencia la falta de interés y compromiso de las autoridades actuales para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos.
La falta de medicamentos no solo pone en riesgo la vida de los pacientes, sino que también deteriora su calidad de vida y la de sus familias. Saber que esto sucede y hacer caso omiso desde las oficinas encargadas de garantizar el abasto de esos fármacos es criminal.
La ausencia de tratamientos oportunos puede llevar a la progresión de la enfermedad, aumentando el sufrimiento y reduciendo las posibilidades de supervivencia. Además, la carga económica que representa la adquisición de estos medicamentos de manera particular es insostenible para la mayoría de las familias mexicanas.
Es inaceptable que en un país donde el gobierno dice tener al llamado “humanismo mexicano” como bandera, suceda esto. Es una burla que, queriendo justificar la indolencia e incapacidad de la administración que el compañero Andrés Manuel encabezó, se siga diciendo que tenemos en México un sistema de salud como el de Dinamarca.
La salud es un derecho humano fundamental y su garantía no debería estar sujeta a la ineficiencia o desinterés de las autoridades, como lo vemos en este y en numerosos casos. La omisión en el suministro de medicamentos esenciales para pacientes con enfermedades tan graves como el cáncer es, sin duda, una forma de violencia institucional que no puede ser tolerada.
Las autoridades del IMSS-Bienestar deben rendir cuentas y tomar acciones inmediatas para resolver esta crisis. No basta con promesas vacías o discursos políticamente correctos.
Se requieren soluciones concretas y urgentes que garanticen el acceso a los tratamientos necesarios para todos los pacientes oncológicos. La vida de cientos de personas está en juego, y cada día que pasa sin una solución es una sentencia de muerte para muchos de ellos.
La sociedad tampiqueña y mexicana en general no puede permanecer indiferente ante esta situación. Hacerlo implica compartir la complicidad con quienes cínicamente siguen negando esta cruda realidad, mientras los familiares y los propios pacientes con cáncer sufren las consecuencias.
LA IMPUNIDAD NO ES COSA DEL PASADO
Lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados confirma que, contrario a la narrativa oficialista, la impunidad y la protección a presuntos delincuentes no son cosa del pasado. En la Cuatroté, esas prácticas nocivas permanecen arraigadas con fuerza.
El ejemplo más claro y reciente es la protección que brindaron las diputadas y diputados de Morena, PRI y el Verde al legislador morenista Cuauhtémoc Blanco, al votar para desechar la posibilidad de desaforarlo y permitir que enfrente las acusaciones por presunto abuso sexual en Morelos.
Quienes se mantuvieron al tanto de la sesión consideran que el voto de las diputadas morenistas en favor del exgobernador de Morelos tiende un velo de protección a un presunto violentador de mujeres y sienta un mal precedente, pues exhibe la incongruencia y la falta de sororidad de ellas con la mujer denunciante. Por cierto, quien acusa al diputado Blanco es su hermanastra.
ESCOTILLA
No solo fueron las diputadas morenistas y priistas quienes impidieron, con su voto, que Cuauhtémoc Blanco fuera desaforado para poder enfrentar las acusaciones en su contra.
Los diputados federales morenistas -entre ellos los del sur, centro y norte de Tamaulipas- le dieron su respaldo al presunto delincuente sexual, su compañero de bancada, por supuesto.
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