Desde hace poco más de mes y medio se ha visto que uno de los ejes de la narrativa de la Cuatroté en Tamaulipas, es el del combate a la corrupción y la impunidad, que se convirtió durante la campaña de Américo Villarreal en una de las principales demandas de la población.
El mismo gobernador lo reiteró el primer día de su gobierno y lo ha venido repitiendo casi diariamente, en cada oportunidad que hay para destacar el compromiso de la administración local para marcar una notoria diferencia respecto al pasado reciente.
En los primeros días del nuevo gobierno, las dependencias encargadas de revisar las condiciones en que se recibieron los bienes muebles, inmuebles, las finanzas y en general todo el patrimonio estatal, comenzaron a revisar con mayor detalle lo que recibieron.
Si de por sí durante el proceso de entrega recepción se denunciaron anomalías y situaciones poco claras, ya en su inicio se tuvo la posibilidad de poner el ojo en cada uno de los movimientos y lo encontrado hasta ahora, nos deja con una idea de cómo se estaban manejando las cosas en varias áreas vitales del gobierno.
Por ejemplo, el 10 de octubre en Altamira, Américo encabezó una conferencia de prensa acompañado por todos los integrantes de su gabinete, en la cual se dio a conocer un faltante de más de 2 mil millones de pesos, que eran necesarios para cubrir el pago de empleados durante el último trimestre del año.
También se habló algo sobre varios contratos otorgados en las secretarías de Salud y de Obras Públicas, por mencionar solamente dos y así, se fueron hilando situaciones que a ojos de la Cuatroté era necesario revisar a fondo, para determinar si hubo comisión de delitos en detrimento del patrimonio público que dieran pie a denuncias penales.
Bueno, a un mes y 22 días de la nueva administración la Contraloría Estatal confirmó que se detectaron 83 situaciones anómalas, con motivos suficientes para abrir 36 carpetas de investigación en contra de funcionarios de la pasada administración.
Las investigaciones que tiene en marcha la Contraloría se relacionan con lo encontrado hasta ahora en 6 dependencias del gobierno cabecista, en donde los contratos y el uso de los recursos públicos son lo que más llaman la atención.
Por supuesto, el foco de las indagatorias son secretarios, subsecretarios y directores de área de las secretarías de Salud, Educación, Obras Públicas, Administración, Desarrollo Rural y de la propia Contraloría.
La batalla emprendida por la Cuatroté en contra de la corrupción y la impunidad, que muchos en Tamaulipas perciben como sellos característicos de amplias áreas de la pasada administración, va en serio. La pelea que Américo está dando desde la Contraloría va en serio y todo indica que va a ir hasta el fondo.
Entre quienes están bien enterados dentro del gobierno se asegura que no se trata solamente de un recurso discursivo, sino que es una especie de mantra que guía el accionar de los funcionarios del actual gobierno estatal: Buscar hasta donde se posible y detectar las irregularidades en el uso y abuso del poder, de los recursos públicos en el pasado reciente, para aplicar la ley con todo el rigor.
Finalmente, es lo que la gente ha pedido en Tamaulipas desde hace bastante tiempo y eso es lo que se le va a dar.
MÁS PROTECCIÓN LEGAL A LAS MUJERES
Con el apoyo de todas las bancadas representadas en el Congreso, los diputados locales votaron ayer la aprobación de una iniciativa que el diputado local Edmundo “Mon” Marón presentó para reformar varios artículos del Código Penal del Estado de Tamaulipas, con el objetivo primordial de aumentar más la protección legal a las mujeres que sufren violencia física y sexual.
Marón presentó la propuesta a nombre del Grupo Parlamentario del PAN y en ella se planteó la modificación de varios artículos del referido código, que en esencia piden el aumento a las penas de hasta 50 años de prisión, a quienes sean responsables de delitos sexuales contra las mujeres menores de 18 años, aunque la sanción carcelaria es general para todo aquel que cometa ese ilícito.
La severidad tiene como objetivo disuadir a quienes tengan intenciones de incurrir en ese delito, pero particularmente se trata de ampliar la protección legal a todas las mujeres, especialmente cuando se sabe que en Tamaulipas se tenían registrados hasta septiembre casi mil 200 delitos sexuales, lo que refleja la gravedad de un problema social que es también de seguridad pública porque es un ilícito que golpea directamente el nivel de confianza de la ciudadanía en las autoridades y además, las principales víctimas son mujeres.
Al presentar la iniciativa, el diputado Mon Marón destacó que la severidad de las penas no solo busca proteger la integridad de las mujeres de todas las edades, sino también enviar un mensaje a quienes delinquen, al hacerles saber que las penas van a aumentar y con eso se busca disuadirlos de cometer ese tipo de delitos.
En términos generales, la iniciativa que presentó Mon Marón al pleno del Congreso incluye penas que van de los 25, 40 y 50 años de prisión a los responsables de violaciones sexuales, dependiendo de las condiciones y de las circunstancias en que ocurran. Esas son las cosas buenas que hay que destacar en el Legislativo, más que las diferencias políticas.
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