Como millones de mexicanos, crecí en un país en el que el gobierno validaba registros de partidos afines, prohibía la existencia de otros incómodos, organizaba las elecciones, contaba los votos y decía quién ganaba. Era juez y parte a través de la poderosa Secretaría de Gobernación, de la cual dependía la Comisión Nacional Electoral.
El gobierno era omnipotente e infalible, según el dogma que profesaba la gran familia política heredera de la Revolución Mexicana, lo cual se convirtió en el pretexto perfecto para justificar toda clase de tropelías y permitieron el enquistamiento en el poder de una minoría rapaz durante décadas.
La elección presidencial de 1988 fue paradigmática porque fue de las últimas que organizó el gobierno federal. Ese año volvió a ganar oficialmente el PRI, según los números de la Secretaría de Gobernación que encabezaba entonces Manuel Bartlett Díaz. La elección sigue siendo la más cuestionada en la historia del país por las sospechas de un burdo fraude operado por la Segob. Hoy, Bartlett es director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), influyente miembro del selecto grupo que nutre ideológicamente a la autollamada 4T y como se ve, convertido en impoluto político del nuevo (viejo) régimen.
A raíz de la elección del 88, la sociedad mexicana comenzó a movilizarse, a despertar una mayor consciencia y a demandar al gobierno que sacara las manos de los procesos electorales.
Así surgió el Instituto Federal Electoral (IFE), antecesor del INE. La reforma electoral impulsada por la sociedad civil y apoyada en el Congreso por diversas fuerzas políticas dio origen al órgano responsable de planificar y llevar a cabo los comicios.
Creo que es un buen momento para recordar todo lo que costó tener un organismo de carácter ciudadano a cargo de las elecciones y decir por qué hay que cuidarlo y protegerlo.
Muchos hoy en México, ignorantes de las luchas democráticas de la sociedad civil y de numerosos activistas en esos años, creen totalmente lo que se les dice desde el poder central en contra del INE.
Desde el gobierno se le culpa de no querer llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, de presuntamente obstaculizar este ejercicio, de no promover la participación civil y de muchas otras cosas que se les han ocurrido a los propagandistas.
Desde diversos flancos se golpea al INE, se le cuestiona y exhibe como si fuera un enemigo de la democracia. Se le trata como si fuera un adversario político y se usa la misma estrategia que con ellos: el intento de desprestigio.
Los golpeadores del INE olvidan -o pretenden hacerlo- que fue la mayoría legislativa afín a la autollamada 4T la que aplicó un fuerte recorte al presupuesto del Instituto. Hoy se quejan de que el INE hable de posponer la realización de la consulta de revocación de mandato, por la falta de recursos suficientes para llevarla a cabo de manera adecuada.
En lo personal entiendo la virulencia de los ataques directos y disfrazados, porque el INE se ha convertido en un ente autónomo del poder en el actual régimen. Porque ha tomado decisiones que no gustan a quienes detentan el control del aparato político en el país.
El Instituto se ha convertido en un incómodo valladar a las intenciones de control totalitario, al deseo de regresar a los tiempos dorados del Priato, en donde un solo hombre decidía todo y se asumía como un ser infalible.
Entiendo el motivo del enojo, pero creo que eso no justifica la sevicia con la que se ha tratado al INE, a sus consejeros, a las organizaciones civiles y a quienes lo defienden de los atropellos del poder omnímodo.
Me parece que los ciudadanos tienen -tenemos- el deber de defender al INE de la andanada de ataques y acusaciones, sobre todo si vienen del poder. Independientemente de si la actuación de los consejeros debe vigilarse, evaluarse y ajustarse para que su comportamiento, sus sueldos y su compromiso sean congruentes con la realidad social y política del país.
Si no respaldamos el trabajo independientemente del INE, si no nos ponemos del lado de quien juega un papel decisivo en el equilibrio del poder en el país y de contrapeso a las pretensiones totalitarias, habremos perdido más que un organismo modelo a nivel internacional: Veremos esfumarse la oportunidad de tener un auténtico régimen democrático. Perfectible, pero democrático.
Como a millones de mexicanos que crecimos con un gobierno de un solo hombre, que vimos elecciones como la del 88 y la del 91, no me gustaría regresar a esos tiempos en los que el Estado decía y decidía, sin que alguien pudiera cuestionar la legalidad o moralidad de sus acciones en materia electoral. No más, nunca más.
Sería catastrófico y una afrenta a quienes dedicaron sus vidas a conseguir quitarle al régimen esa facultad qué debe ser exclusivamente de los ciudadanos.
