El proceso interno en el que se definirá la nueva dirigencia del PAN en Tamaulipas es la oportunidad que buscan quienes no coinciden con el cabecismo para recuperar el control del partido. Están ante una posibilidad que no se repetirá en los próximos tres años.
El cabecismo residual quiere seguir manejando al PAN en el estado, a pesar de que Luis René Cantú ha sido el peor dirigente en la última década —o más, quizá—, perdiendo prácticamente todos los procesos electorales en los que tuvo la responsabilidad de conducir al partido.
Mediante la fórmula que integran Francisco Garza de Coss y Omeheira López Reyna, la cofradía cabecista pretende continuar manejando al PAN tamaulipeco como una franquicia del cabecismo, a pesar de que esa corriente solo conserva las diputaciones locales plurinominales que Francisco García Cabeza de Vaca regaló a sus incondicionales, incluyendo a Ismael, su hermano.
Para quienes integran el amplio grupo de panistas que tienen la certeza de que el partido requiere una transformación que lo haga regresar a sus orígenes en el estado, la elección que se realizará en julio es la oportunidad que esperaron durante los últimos cuatro años, tras la derrota en los comicios por la gubernatura.
Claro, no hay demasiadas opciones, pues en el lado opuesto a la fórmula abiertamente cabecista están César Verástegui y Gloria Garza; el primero fue poderoso secretario general de Gobierno en la administración anterior y ella, exmagistrada del Supremo Tribunal de Justicia.
En el grupo de quienes se han sumado al bloque que enfrenta en este proceso interno al cabecismo residual está Gerardo Peña Flores, exsecretario de Gobierno, exsecretario de Bienestar y excandidato a casi todos los puestos de elección popular que, por cierto, ha perdido.
La cercanía irrefutable de Gerardo Peña con Francisco e Ismael García Cabeza de Vaca es lo que causa cierta inquietud en un sector del panismo anti cabecista sobre los verdaderos objetivos de la dupla Verástegui-Garza, en cuanto a la distancia que han dicho que quieren poner respecto a los hermanos.
Como sea, si en esta ocasión no aprovechan para recuperar el partido, los panistas que no coinciden con los métodos de Francisco e Ismael tendrán que seguir tolerando el estilo de confrontación estéril que ha caracterizado la gestión del “Cachorro” y de quienes temporalmente se han encargado de la dirigencia estatal del PAN durante sus ausencias por motivos electorales.
El cabecismo residual espera ganar el proceso de renovación, pero desde el momento en que la mayoría de los comités municipales logró que la dirigencia nacional forzara el inicio del proceso, obligando al “Cachorro” Cantú a cumplir con las disposiciones para llevar a cabo la elección, quedó claro que el período para el que había sido designado venció hace meses.
MARU Y ROCHA, DOS CASOS, DOS NARRATIVAS
Después de varias semanas, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, decidió citar a comparecer a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, para que explique por qué había agentes de la CIA operando en esa entidad sin el conocimiento y consentimiento del gobierno federal, en acciones de combate al crimen organizado.
También fue citado Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista —y “hermano”, según presumía— del compañero Andrés Manuel, a quien autoridades estadounidenses acusan de presuntamente estar coludido con un poderoso cártel del narcotráfico. La acusación es contra Rocha, no contra el compañero López Obrador, claro.
Entre una mandataria opositora que, en la narrativa morenista, colabora con fuerzas extranjeras para combatir a delincuentes y un político perteneciente al oficialismo al que el país vecino del norte señala como parte de un entramado criminal sustentado en actividades de narcotráfico, la FGR está entrampada en justificar la tardanza para actuar en las indagatorias que de oficio debería haber iniciado.
Ambos casos ilustran dos caras de un problema relacionado con el combate a los grupos delincuenciales que se empoderaron en el país en las últimas dos décadas, pero que en el sexenio anterior alcanzaron el cénit de sus actividades con total impunidad.
La política de “abrazos, no balazos” alentó el fortalecimiento de los delincuentes y, con la omisión oficial, permitió que regiones cada vez más amplias del país fueran controladas por los grupos criminales.
Lo que vemos hoy es consecuencia tanto de la indolencia como de la normalización de una serie de actividades ilícitas que, en vez de ser combatidas frontalmente y con toda la fuerza del Estado mexicano, se dejaron crecer por motivos que no tienen una explicación sensata ni aceptable.
El reto que tiene la Fiscalía controlada por la morenista Godoy es actuar con la objetividad necesaria para evitar que la sociedad interprete sesgos influenciados por el afán de perjudicar a unos por ser opositores y beneficiar a otros por pertenecer al movimiento político que domina las principales instituciones públicas del país.
ESCOTILLA
Faltan seis meses para que comiencen formalmente los procesos electorales federal y local en Tamaulipas, pero ya hay muchos interesados en ser tomados en cuenta por sus respectivos partidos.
En Morena, quienes han trabajado en territorio desde hace años tienen la confianza de que las encuestas los coloquen en la mejor posición al momento de definir las candidaturas, pero no dejan de mostrar dudas sobre la aparición de advenedizos que, de unos meses a la fecha, quieren quedarse con las nominaciones por el simple hecho de tener cargos en el servicio público, ser amigos o familiares de funcionarios o recomendados de otros.
Eso aplica del Bravo al Pánuco, pasando por los 43 municipios, y va a generar una fuerte tensión dentro del partido. Incluso puede derivar en fracturas que no sean visibles, pero sí se hagan sentir el día de la votación. Ya verán.
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