Con el anuncio de refrendar la alianza de Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para los procesos electorales de 2027 y 2028, se aleja la posibilidad de que las fracturas que existen dentro del bloque oficialista se conviertan en una ruptura total.
La decisión obedece a un criterio pragmático enfocado en conservar las posiciones que le permiten a la Cuatroté mantener el control de las cámaras de Diputados y Senadores, la mayoría de las gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y hasta una fuerte influencia en la Suprema Corte.
Al margen de la molestia que existe en el seno de Morena y del régimen por el reto del Verde a las decisiones de la presidenta Sheinbaum en temas como la reforma electoral que planteó impedir el nepotismo en elecciones locales y federales, Morena decidió mantener esa alianza que les reditúa enormes beneficios a los tres partidos.
Aunque no se descarta que, llegada la hora y conforme Morena recupere más poder y posiciones legislativas, vaya deshaciéndose de la incómoda influencia del Verde, por ahora el cambio en la dirigencia nacional del partido ha dado pie a un acercamiento entre los morenistas y sus aliados.
Para Morena, mantener la alianza es un mal necesario en el ámbito nacional, pero desde un sentido estrictamente pragmático, conservar la mayoría en todas las instituciones mencionadas bien vale la pena para el régimen.
Ya llegará el momento de ajustar cuentas electorales, claro, pero mientras tanto hay que seguir con esta relación que promete fortalecer aún más las posiciones que conserva cada partido del bloque oficialista.
Con este antecedente y a pesar de que en Tamaulipas las relaciones entre Morena, el Verde y el PT no son precisamente las mejores, e incluso puede hablarse de enfrentamientos mediáticos, los intereses superiores terminarán imponiéndose, aunque con matices interesantes.
Así, sin dejar de pensar en la gubernatura, las designaciones que se hagan para los ayuntamientos, el Congreso local y las diputaciones federales tendrán que pasar por el filtro del consenso entre quienes realmente controlan los partidos en Tamaulipas, que no son precisamente los dirigentes estatales de cada uno.
De este modo y considerando que Morena sigue firme en cumplir los acuerdos anunciados el año pasado por su entonces presidenta nacional, Luisa María Alcalde, de no promover la reelección ni postular a familiares de quienes ya ejerzan cargos públicos en otros ámbitos —federal, estatal y municipal— para evitar el nepotismo, es un hecho que eso abrirá la puerta al debate e, inevitablemente, a la confrontación.
Para empezar, las y los alcaldes que tenían pensado buscar la reelección por Morena no podrán hacerlo, de acuerdo con ese anuncio. Mantener esa prohibición es un tema de congruencia con sus principios y de diferenciación respecto a los otros partidos, incluidos sus aliados, el Verde y el PT.
Después, repito, si Morena quiere ser coherente y no caer en lo mismo que los demás, tendría que evitar que familiares directos de senadores, diputados federales y locales, gobernadores y alcaldes sean candidatos —o candidatas— a la reelección o busquen por primera vez los cargos a los que aspiren.
En este contexto, el Partido Verde adquiere un impulso que no imaginó tener antes de su atrevimiento de enfrentarse a la presidenta para impedir la aprobación de la modificación legal que proponía eliminar el nepotismo y la reelección, así como, posteriormente, la reforma electoral que contemplaba alcances mayores, como la reducción del financiamiento público y la desaparición de los plurinominales.
El nuevo enfoque le permite a Morena continuar como el partido ancla de la alianza y llevar mano en la designación de candidatos en la mayor parte del estado, pero también le da al Verde la oportunidad de negociar y buscar encabezar el bloque oficialista en municipios y distritos donde considere que tiene mayores posibilidades de triunfo en 2027 y 2028.
Con esto, aunque el Partido Verde no tiene propiamente una estructura territorial propia, podría sumar las que poseen los diferentes liderazgos que ha venido incorporando desde hace meses y con los cuales pretende ganar espacios electorales y colocarse en posición de negociar candidaturas para los suyos.
Además, en esta ecuación entra la coyuntura propiciada por las peticiones de autoridades estadounidenses al gobierno mexicano para detener con fines de extradición a 11 connotados personajes de Morena, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán, así como su exsecretario de Seguridad y el exsecretario de Finanzas.
Esto abre una oportunidad extraordinaria para el Verde, que se siente con la capacidad de conseguir posiciones con base en estas circunstancias alentadas por factores externos.
Por esto, lo que se veía como una ruptura inminente hace pocos meses y que tensó las relaciones entre las dirigencias estatales de esos dos partidos queda reducido hoy a mera anécdota, aunque el riesgo de un nuevo enfrentamiento sigue latente.
Un elemento que puede propiciar un choque con repercusiones en 2027 y 2028 es el creciente activismo de la senadora plurinominal del Verde, Maki Ortiz Domínguez, a quien varios de sus afines en Reynosa y la propia presidenta nacional del partido, Karen Castrejón, están colocando prácticamente como la carta del Verde para la gubernatura dentro de dos años.
Esto calentará los ánimos y generará tensiones que, a pesar de la disposición pragmática de mantener la alianza, en Tamaulipas representarán un enorme reto que deberá resolverse sin riesgo de que Morena y el Verde pierdan posiciones por un pleito interno alentado por el ego.
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