Parece que no, pero el Congreso Nacional de Morena, realizado ayer para oficializar la designación de Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del partido, fue una demostración de que, aun en medio de lo que ya es considerada por diversos analistas como la peor crisis que ha enfrentado la Cuatroté hasta ahora, es posible sortearla con esperanza.
La crisis no es nueva: Viene desde que el compañero Andrés Manuel gobernaba con un estilo pragmático, de visión añeja y con una idea muy particular de cómo quería que fuera el país.
Los señalamientos de corrupción de proporciones escandalosas, la indolencia que diversos sectores le atribuyen al haber tolerado —e incluso, según sus críticos, fomentado— el empoderamiento de organizaciones criminales, así como la promoción y profundización de prácticas paternalistas que vivieron sus años de esplendor con el viejo PRI, formaron parte de las críticas constantes al gobierno de López Obrador.
Las etiquetas de ser el gobierno más sangriento de la historia del país y uno de los que mayor permisividad mostró frente al crimen organizado, al permitirle operar con amplios márgenes de acción, forman parte de una narrativa ampliamente difundida por sus detractores. Si hay una responsabilidad en esto, es de quien a final de cuentas concentraba el poder político. Es decir, el compañero Andrés Manuel.
Las consecuencias del comportamiento atribuido al gobierno de López Obrador comienzan a reflejarse ahora y podrían estar pasándole una costosa factura al partido en el poder. La más reciente —que no será la última— es la acusación hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a diez funcionarios y exfuncionarios morenistas de Sinaloa, a quienes señala de estar coludidos con el crimen organizado.
El golpe es demoledor y, para muchos analistas, ejemplifica la laxitud con la que el compañero Andrés Manuel —repito, todopoderoso centro, sol y eje del partido— permitió el crecimiento acelerado y exponencial del movimiento, al que se sumaron personajes de todo tipo, como los ahora acusados.
Las acusaciones apuntan a que Rubén Rocha Moya —a quien el propio López Obrador llegó a referirse como su “hermano”— habría llegado al gobierno bajo condiciones cuestionadas por presuntos vínculos de la organización criminal dominante en ese estado; también señalan una supuesta condescendencia del entonces presidente con miembros de ese cártel y diversos gestos que sus críticos interpretaron como guiños hacia la delincuencia en distintas regiones del país.
Morena se convirtió desde 2018 en una máquina de ganar elecciones en casi cualquier parte. Se hizo del control de gobiernos estatales, Congresos locales y de las dos Cámaras que definen el rumbo legislativo de México. También impulsó cambios que derivaron en una Suprema Corte percibida por sus críticos como afín al régimen, aunque ese es otro tema.
El punto medular aquí es que hoy Morena, el movimiento y el régimen enfrentan una crisis de proporciones que hace unos años habría parecido impensable, tanto en la etapa de dominio del compañero Andrés Manuel como en los primeros meses de la gestión de la presidenta Sheinbaum.
Fueron esos tiempos cuando todo se justificaba con el argumento de la legitimidad popular, de la certeza moral de estar “del lado correcto de la historia” y de defender a los pobres de los atropellos de los ricos, los fifís, los conservadores y de todo aquel enemigo político construido desde el discurso oficial.
Eran, parafraseando a Fidel Herrera Beltrán, años en los que el compañero Andrés Manuel estaba —y que se me disculpe lo coloquial— “en la plenitud del pinche poder”. Todo se valía en aras de defender a los pobres de los ricos, del PRIAN y de quien se le ocurriera.
Las acusaciones contra el gobernador en funciones y el alcalde de Culiacán —ambos con licencia temporal, para calmar los ánimos—, así como contra un senador y otros funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles en Sinaloa, representan un golpe político significativo al partido, al movimiento y al sistema en su conjunto, pero en particular al compañero Andrés Manuel y a lo que sus allegados y él mismo han definido como “su legado”.
Más que a la presidenta Sheinbaum, el escándalo golpea políticamente al partido y al movimiento que López Obrador construyó. La crisis llega en un momento en el que el gobierno de Claudia intenta mantener el equilibrio entre presiones económicas, la inseguridad, el combate al huachicol y señalamientos persistentes sobre redes de operación vinculadas a actores del pasado reciente.
También coincide con el desgaste derivado de percepciones sobre la conducta pública de familiares y cercanos al exmandatario, así como con la idea —cada vez más extendida en ciertos sectores— de que no es ella quien gobierna plenamente, sino que mantiene una fuerte influencia del expresidente.
Como si fuera poco, las posibles solicitudes de extradición relacionadas con el caso Sinaloa llegan en un momento particularmente delicado, pues apenas días antes se anunció —al viejo estilo del PRI, según críticos— la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia del partido, para dar paso a una figura cercana al grupo político dominante.
Ante la creciente incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir con más funcionarios, políticos y liderazgos de Morena en las siguientes semanas —se habla incluso de nuevas listas de investigados—, el partido busca conservar la credibilidad, desmentir los señalamientos y preservar los ideales que le dieron sustento a ese movimiento que se encendió como paja seca en 2018 y que hoy enfrenta su primera gran prueba de resistencia. Lo paradójico es que así como se encendió, se puede apagar.
No es fácil, pero esta crisis puede ser el detonante de un cambio profundo, en el que se sacudan estructuras y se limpie la casa. O bien, puede llevar al partido directamente al precipicio por decisiones internas y liderazgos que, según sus críticos, se niegan a reconocer errores. Veremos hacia dónde transitan.
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