La conversación pública de la última semana no ha dejado mucho espacio para algo más que buenas dosis de especulación, análisis y una narrativa que confronta las visiones oficialista y adversaria sobre temas relevantes.
Desde las acusaciones de autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —el “hermano” que siempre presumió el compañero Andrés Manuel— y otras nueve personas con responsabilidades políticas y públicas, hasta el seguimiento del caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, aparentemente sin permiso oficial, y el linchamiento mediático contra la gobernadora Maru Campos, la tónica ha sido de confrontación.
El oficialismo no puede quejarse. Son las tempestades que se cosechan mientras el compañero Andrés Manuel se dedicó durante años, y particularmente durante su sexenio, a sembrar vientos de discordia y a crear las condiciones para que la polarización social y política alcanzara niveles impensables.
La herida de la división entre mexicanos, derivada de esa narrativa de ricos contra pobres, de liberales —o progresistas— contra conservadores, de los que estaban “del lado correcto de la historia” contra “los privilegiados de la mafia del poder”, nos llevó a donde hoy estamos.
Que nadie se diga sorprendido por la virulencia de los ataques que hoy reciben Morena y, especialmente, los personajes más cuestionados, ya no solo por la oposición al régimen, sino también por sectores de la sociedad civil, ante los señalamientos de presuntos vínculos delincuenciales de políticos de alto nivel del partido en el poder.
Esa polarización y ese clima de linchamiento van aparejados con la intolerancia que se volvió resistente a cualquier intento de conciliación. Es, repito, el escenario al que nos condujo una contumaz política perversa de enfrentar a unos con otros, de mexicanos contra mexicanos, promovida impunemente por el compañero Andrés Manuel como parte de una estrategia política de largo aliento.
El problema es que hoy, más por factores externos y por el esperado desgaste de la fórmula de ejercer el gobierno que por ímpetus de la oposición, vemos y vivimos situaciones que a nadie agradan, que al oficialismo molestan, pero que a la oposición —y ahí caben todos los que no piensan como quienes gobiernan el país— le sirven de munición en una guerra que desde ahora irá intensificándose rumbo a 2030.
En el contexto nacional, la turbulencia política que se vive es consecuencia de la polarización de la que siempre se habló, de la insana práctica de evitar el diálogo y el entendimiento entre quienes piensan diferente.
Pero, infortunadamente, tanto desde el poder como desde la oposición prevaleció la intransigencia y, por ello, no se lograron acuerdos. Se perdió de vista que no se trataba de criminalizar a quienes piensan diferente, se esté en el gobierno o no. Por desgracia, la polarización —nuevamente— causó división, enfrentamiento y la rabia de unos contra otros.
Hoy se ven las consecuencias mientras la oposición al régimen busca capitalizar los yerros del oficialismo y éste recurre a la gastada diatriba de acusar a los adversarios de vendepatrias y traidores, en vez de exigir claridad sobre los señalamientos realizados por autoridades extranjeras.
Se entiende la defensa de los cercanos y de los propios; se comprende que es parte del juego político desacreditar a los adversarios. Lo que no se explica ni se justifica es la negación a ultranza de que hay elementos encumbrados señalados de haber traicionado los principios fundamentales del partido-movimiento que se empoderó y que, paradójicamente, atraviesa una crisis que pone en riesgo todo lo que construyó en poco tiempo con ayuda de personajes que hoy cobran la factura de una inclusión acelerada y no supervisada.
Ese es el escenario que vivimos. Este es el reto al que se enfrentan no solo Morena, sino también la propia presidenta Sheinbaum: sortear la agitación de la turbulencia política, reconocer que la polarización de los últimos años contribuyó a agudizar el problema y tratar de enderezar el rumbo de ese barco llamado Morena, librándose de lastres que no lo dejan avanzar.
ESCOTILLA
Siempre se advirtió sobre los riesgos de involucrar a las fuerzas armadas en la política de seguridad pública, y abundan los ejemplos de que el error cometido sexenios atrás se siguió repitiendo hasta ahora.
Ayer trascendió que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, un general del Ejército en retiro llamado Gerardo Mérida Sánchez, obtuvo el amparo de un juez federal —sí, de los elegidos por voto popular el año pasado— para evitar su extradición a Estados Unidos.
El general es uno de los acusados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. No es el primer militar señalado por esto, pues el general y exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ya había sido detenido en Estados Unidos por acusaciones similares.
El compañero Andrés Manuel pidió su regreso, se comprometió a juzgarlo conforme a las leyes mexicanas, pero el gobierno mexicano lo exoneró y posteriormente recibió reconocimientos institucionales. Juzgue usted.
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