El inesperado regreso y pronta salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura de Sinaloa el fin de semana reveló que la ambición personal de un grupo interno del movimiento oficialista ocasionó la ruptura con quienes tienen formalmente el poder, que tendrá inevitables consecuencias políticas.
Aún es temprano para ver qué tan profunda es la fractura y hasta dónde va a llegar esta confrontación entre quienes apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum y los fieles al compañero Andrés Manuel.
Los gobernadores, quienes hace tiempo respaldaron a Rocha Moya ante las acusaciones de autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, aparecieron nuevamente, pero ahora para retirarle el apoyo y alinearse con la ola de reprobación impulsada en contra de Rocha Moya desde Palacio Nacional.
Desde la dirigencia de Morena, la Cámara de Diputados y algunas figuras cercanas al entorno de Sheinbaum se condenó el regreso del gobernador morenista, y la presión fue tal que en poco más de 30 horas tuvo que dar marcha atrás.
Rocha Moya regresó a la gubernatura el viernes 21 de agosto y el sábado volvió a solicitar licencia, después de 34 horas en el cargo.
Hoy el discurso oficialista ha transitado de la “defensa de la soberanía” ante el “intento de intervencionismo extranjero” que se argumentaba para defender a Rocha Moya, al cuestionamiento de las ambiciones personales.
Sin embargo, contradictoriamente Morena sigue realizando —ayer hubo una en Tampico— lo que llama “asambleas informativas”, en las que se sigue utilizando la defensa de la patria como eje de la narrativa.
Ahí radica parte del conflicto de interpretaciones que tiene al partido, al movimiento y al grupo afín a la presidenta confrontado con el de los fieles al compañero Andrés Manuel.
Esa contradicción entre definir la defensa de Rocha Moya con la defensa de la soberanía es lo que erosiona la seriedad de la postura.
Hace poco más de dos meses, escribí en este mismo espacio “Rocha Moya no es la soberanía”, una columna en la que decía que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no era la soberanía ni representaba la esencia de la patria que el oficialismo llamaba a defender del “injerencismo” e “intervencionismo extranjero”, como lo calificó todo el ecosistema de propaganda del régimen, incluyendo a la propia presidenta Claudia Sheinbaum. El tiempo confirmó esto.
A principios de junio, Sheinbaum encabezó uno de esos actos multitudinarios que son característicos de la oposición de tendencia izquierdista desde los años 90 y con un discurso fuerte salió en defensa de Rocha Moya, quien acababa de pedir licencia a su cargo debido a las fuertes presiones originadas por acusaciones hechas por autoridades estadounidenses, que lo señalan por presuntos vínculos con un grupo criminal de Sinaloa.
Entonces, como ahora, distintos personajes morenistas en las cámaras de Senadores y de Diputados, gobernadores, legisladores locales y numerosas figuras del morenismo han insistido en el discurso de la dizque defensa de la soberanía y el rechazo al intervencionismo y actitudes injerencistas, señalando directamente a una imaginaria acción orquestada por “la derecha internacional” y “la ultraderecha estadounidense”.
El tiempo, las circunstancias políticas, la acción de la justicia y una postura de colaboración del gobierno mexicano con agencias estadounidenses de seguridad y de combate al crimen han cambiado el panorama político de Rocha Moya y del oficialismo en general.
Sí, el regreso no consensuado de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, la permanencia efímera por unas 34 horas en el cargo y su posterior petición de licencia por tiempo indefinido, es un capítulo más en este enfrentamiento en el que todavía parece que habrá más etapas.
Si la presidenta Sheinbaum no muestra firmeza para permitir políticamente que se proceda en lo jurídico contra el gobernador con licencia, la presión de las autoridades estadounidenses aumentará en contra del gobierno.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses y formuló una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No se trata, sin embargo, de una solicitud formal de extradición.
El gobierno mexicano ha sostenido que se requieren elementos de prueba y que la petición de detención provisional no acreditó la urgencia necesaria para aplicar esa medida.
Morena, la presidenta y todo el oficialismo salieron a defender impulsivamente al gobernador morenista, minimizando las acusaciones y utilizando el discurso de la defensa de la soberanía como escudo protector hacia el mandatario acusado de presuntos vínculos con el narco.
Si la presidenta Sheinbaum quiere demostrar el poder real de la institución, si quiere despejar dudas acerca de quién manda realmente en México y quién tiene el liderazgo político dentro de su movimiento, debería dar pasos firmes y concretos para eliminar sospechas de que desde el poder se protege a personas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Mientras eso no suceda, el discurso opositor que señala a Morena de ser un narcopartido seguirá tomando fuerza, independientemente de si es verdad o no.
Rocha Moya llegó y se fue cuando sintió la presión del régimen, cuando vio que las condiciones políticas no eran adecuadas y quizá, cuando percibió que es sacrificable para preservar el liderazgo de Sheinbaum, aun cuando eso le genere más desgaste a Morena y al movimiento. El costo a pagar se puede amortizar bien de aquí a las elecciones de 2027.
Finalmente, lo que decía en este espacio el 2 de junio en esa columna: “Rocha Moya no es la soberanía”, confirma lo que muchos en el país sostienen ante la defensa que hizo de él la presidenta Sheinbaum.
Ni Rocha Moya, Andy López Beltrán o el compañero Andrés Manuel son la soberanía, como maniqueamente muchos de sus fieles quieren hacer creer.
En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa se trata de una persona acusada por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, acusaciones que Rocha Moya ha rechazado.
En cuanto al junior del expresidente, se habla hasta ahora de presuntos vínculos de protección a criminales y de supuestos beneficios por el aumento del huachicol fiscal, entre otras cosas, aunque la Fiscalía General de la República ha negado que exista una investigación en su contra.
En ninguno de esos casos, defender a presumibles delincuentes es sinónimo de proteger la soberanía o la patria de intereses externos. Eso deben entenderlo.
